Coordinar a las distintas fuerzas de seguridad para hacer frente a la venta ilegal de diversos productos en las playas de la Vega Baja y realizar una campaña informativa para disuadir a los posibles compradores. Los municipios de Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja y San Pedro del Pinatar (este último perteneciente a la Región de Murcia) han comenzado a trabajar de forma conjunta para combatir la práctica del «top manta». Su objetivo es reforzar la presencia policial en la zona costera para apartar a los vendedores irregulares y evitar que los consumidores adquieran artículos que pueden resultar peligrosos, como gafas de sol sin homologar o que compren preparados de bebidas alcohólicas de dudosa procedencia.

La primera de las reuniones a cuatro bandas se celebró ayer en Pilar de la Horadada con la participación del concejal de Seguridad Ciudadana de dicho municipio, José Tomás Saura, y el edil de Playas, Antonio Escudero. Por parte de Torrevieja acudió el director general de Policía y Desarrollo, Francisco Javier Mínguez, y del gobierno local de Orihuela asistió la concejala de Turismo y Playas, Sofía Alvarez y la concejala de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora. También participó el jefe de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, Manuel Belmonte, así como efectivos de la Guardia Civil.

Los asistentes a ese encuentro coincidieron en que tan importante es coordinar a las fuerzas de seguridad para hacer frente a esta práctica irregular como dar más información a los turistas y veraneantes para convencerles de que no compren estos productos. Una de las propuestas que parece que se llevará a cabo será la de elaborar unos trípticos o folletos informativos que adviertan de los riesgos de esa actividad ilícita.

«Se trata de controlar el flujo de la venta ambulante manteniendo contacto entre los distintos cuerpos de policía que colaborarán para incrementar para la seguridad y el bienestar de la gente que viene a las playas», dijo el edil Saura. El mismo señaló que personalmente es consciente de que muchos de esos vendedores irregulares «tratan de buscarse la vida», pero consideró que la obligación de las administraciones es «garantizar la seguridad de los ciudadanos e impedir la venta de productos que puedan resultar dañinos». «Antes que poner multas a los compradores hay que realizar campañas de concienciación para que sepan que comprar algo irregular para ahorrarse unos euros puede resultar muy caro poniendo en riesgo su salud», concluyó el concejal.