Los 34 acusados por la Fiscalía Anticorrupción por el caso Brugal, que investiga el supuesto amaño del contrato de las basuras de Orihuela, no se sentarán en un banquillo de la sección VII de la Audiencia, en Elche, antes de dos años, según fuentes judiciales consultadas por INFORMACIÓN. La carga de trabajo que soporta la sección ilicitana, el hecho de que todos los investigados se encuentran en libertad y los años transcurridos desde que se produjeron los hechos -una década- hacen que el trámite que le queda al procedimiento hasta que se fije la fecha de juicio oral no tenga beneficio alguno que acorte los plazos. Pensar que se pueda celebrar en 2018 no es ni mucho menos descabellado. Esto lo que supondrá a la larga es recortar las condenas, en el caso de que se produzcan, al aplicarse una atenuante -quién sabe ahora mismo hasta qué grado- de dilaciones indebidas por la tramitación de un procedimiento que acabará ante el Tribunal Supremo.

De hecho, la magistrada instructora y los funcionarios adscritos del juzgado de Primera Instancia 3 (antiguo mixto 3) tienen aún por delante un largo periodo de al menos tres meses para cerrar la fase intermedia del procedimiento, que concluirá con su auto de apertura de juicio oral, algo que ya nadie rechaza sucederá digan lo que digan los informes de las defensas.

Carpetazo

En cambio, los recursos que los letrados de los investigados presenten a dicho auto no paralizará el procedimiento; es decir, la magistrada le dará carpetazo y enviará a la misma Audiencia que tiene que resolverlos todos los legajos necesarios para la celebrar el juicio oral sin esperar a conocer a su resolución. La Audiencia siempre ha aplicado la misma teoría a todos los recursos en este asunto: que no se admitieran y que el procedimiento llegara hasta sus últimas consecuencias. Con ello, la jueza quizá trata de ganar algo tiempo habida cuenta que es el último que le quedaba pendiente de esta trama del Brugal.

En cualquier caso, las defensas no quisieron hacer valoración pública alguna de las conclusiones del informe del acusador público, algo que ya expresarán en sus respectivos escritos de defensa. Ahora bien, el hecho de que se tenga en cuenta delitos que podrían haber prescrito, caso del delito electoral en relación a las municipales de 2007, y que éste se haya mantenido en los escritos de acusación; el hecho de que el fiscal Pablo Romero establezca una trama fundamentada, exclusivamente, en las grabaciones recogidas en casa de Fenoll, en su mayor parte; o la nula aportación después de años de investigación de más pruebas además de escuchas telefónicas, les hacen ser relativamente optimistas sobre el desenlace final, sin olvidar que algunos consideran que el procedimiento, desde sus inicios, es nulo de pleno derecho.