El fiscal Anticorrupción Pablo Romero ha solicitado 12 años de cárcel para José Manuel Medina (por prevaricación, fraude y cohecho) y ocho años para Mónica Lorente (por fraude) -en total 20 años de prisión para ambos-, quienes fueron los alcaldes de Orihuela que estaban al frente de las corporaciones que gestionaron el polémico contrato de las basuras, entre 2006 y 2009, lo que terminaría dando origen al caso Brugal, dividido posteriormente en hasta 17 piezas entre las que ésta y la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja han sido los dos principales escándalos de supuesta corrupción político-empresarial de la provincia en años. El escrito del fiscal Romero relata un plan dirigido por el empresario Ángel Fenoll (para quien pide 37 años de prisión por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral), a fin de cambiar a uno por otro regidor, que eran del mismo signo político (Partido Popular), garantizando al segundo ganar las municipales de 2007 para que el contrato que el primero había adjudicado provisionalmente a Urbaser nunca se convirtiera en definitivo y, entonces, realizar un nuevo concurso que ganaría una Unión Temporal de Empresas (UTE) Sufi-Gobancast-Liasur que él controlaba en un 60% a través de testaferros, según su escrito de calificación. Esta mercantil gestionó el servicio hasta 2012 cuando un equipo de gobierno de Monserrate Guillén (Los Verdes) lo rescató.
El caso Brugal nació porque Ángel Fenoll no ganó ese primer concurso siendo alcalde Medina. Al día siguiente de conocerse que el servicio era para Urbaser facilitó a los medios de comunicación unas grabaciones que destapaban un supuesto amaño en el que estaría implicado el concejal Jesús Ferrández (el fiscal pide para él 16 años de cárcel por cohecho, extorsión, fraude y tráfico de influencias).
Fenoll declaró en Fiscalía, entregó las cintas y terminó siendo no sólo el principal investigado en este asunto sino en otras piezas judiciales en las cuales el trasfondo de empresarios, políticos y millonarios gastos a cuenta del erario público están presentes. Toda la carga de la prueba de la mayoría de investigaciones se basa en grabaciones policiales hechas durante años y cuya legalidad ponen en duda las defensas. El fiscal Romero no sólo acusa a estas cuatro personas sino que amplía la lista de implicados a otras 30 entre políticos, empresarios, familiares de estos, testaferros o técnicos del Ayuntamiento. El acusador encuentra en las diligencias de investigación hasta diez delitos: asociación ilícita, cohecho, extorsión, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude, delito electoral y coacciones.
Concurso
El relato de hechos recuerda que Fenoll gestionaba sin contrato las basuras de la costa desde 1992. Tres años más tarde llegó Medina a la Alcaldía y hasta 2000 éste no sacó un concurso de adjudicación que cinco años después dejó desierto. Todo, entiende, para favorecer a Fenoll quien le había pagado 7 millones de pesetas a través de un abogado. En 2005, siempre según el relato de la Fiscalía se produjo un distanciamiento entre ambos a raíz de que volviera a sacarse otro concurso a licitación por lo que Fenoll comenzó a apostar por Mónica Lorente como relevo en la Alcaldía. Un año más tarde, Fenoll grabó al concejal, Jesús Ferrández, cobrando supuestamente de él una comisión. Éste advertía al empresario de las dificultades que iba a tener para ganar. Cuando Urbaser se llevó el contrato, Fenoll sacó las cintas y, con la grabación, dijo que ese concurso estaba amañado. Lorente, entonces portavoz de Medina, comenzó a ralentizar el proceso de adjudicación a cambio de que Fenoll le apoyara en su carrera política lo que, un año más tarde, en 2007 la llevó a la Alcaldía gracias a aportaciones económicas del dueño de Colsur y a amaños con DNI's de fallecidos con los que se votó en las urnas. Ya con Medina fuera de la Alcaldía se logró con un informe externo la anulación del concurso y la convocatoria de otro. Fenoll se presentó con Colsur y perdió frente a otra empresa, una UTE, que, según el Ministerio Público, en realidad era una tapadera pues estaba dirigida por sus testaferros. Para ganar aquel concurso contó con la colaboración de ediles del equipo de Lorente que le facilitaron la información precisa para ser el mejor puntuado. Entre los intermediarios aparecía Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa. Pero la UTE no comenzó a trabajar hasta 2009 porque no estaba preparada, lo que fue posible por la «connivencia» de la regidora.
