Una mesa técnica formada por expertos juristas de la Consellería de Justicia y por el Ayuntamiento de Orihuela, así como por «abogados independientes» de Alicante y Valencia, según apuntó ayer el alcalde, Emilio Bascuñana (PP), determinará la viabilidad de la reversión de los antiguos juzgados al Ayuntamiento de Orihuela. Desde el equipo de gobierno insistieron ayer en que sus informes señalan la viabilidad de la reversión, pero desde la Conselleria, la titular del área, Gabriela Bravo, quien ayer estuvo en Orihuela, se insistió tras una reunión de trabajo mantenida con el alcalde y los portavoces en que la postura del Consell sigue siendo contraria, al entender que la posibilidad de reversión expiró hace ya años.
Ante estas opiniones encontradas, y en las que ninguna de las dos administraciones da el brazo a torcer, se ha optado porque sean expertos juristas los que determinen si esa vía puede llevarse a cabo para solucionar un «problema enquistado», apuntó Bravo, que permita al Ayuntamiento usar unos edificios que llevan 11 años cerrados, y que la consellera espera solucionar «antes del verano. No me parece tan complicado».
Una posición quizás demasiado optimista teniendo en cuenta que en los últimos meses, pese a que ambas administraciones destacaron ayer su «voluntad y diálogo» para encontrar una solución, esta no ha pasado más que por un tira y afloja con críticas y con la advertencia, incluso, por parte del equipo de gobierno de judicializar este proceso.
«Si no hay acuerdo, la única vía que queda será ir a los juzgados», reconoció Bravo, algo que «esperemos no tenga que suceder». En la misma línea se manifestó el alcalde, que evitó ayer hablar de demandas y apuntó a que «habrá que esperar a ver qué deciden los técnicos para saber cuál es el siguiente paso».
Analizar
Bravo dijo que hay que «analizar los criterios jurídicos y basándonos en eso tomaremos una decisión, manifestando nuestro compromiso» de dar soluciones, pues «la administración no puede hacer dejación de sus funciones y lleva ya diez años en desuso sin una contraprestación» por parte de la administración.
En cuanto a la compensación económica al Ayuntamiento por haber sido esta administración quien construyó los edificios del Palacio de Justicia por valor de seis millones de euros, pese a ser competencia de la Generalitat, Bravo tiró balones fuera al apuntar que «son cosas distintas. Vayamos por partes y marcando los tiempos», por lo que dejó en el aire y a expensas de lo que ocurra con la reversión del edificio, qué pasará con este asunto.
El alcalde, que ya anunció hace meses que este proceso dejaría de ir de la mano de la reversión de los antiguos juzgados, como contemplaban los equipos de gobierno anteriores, tanto el de la Generalitat como el del propio Ayuntamiento, reiteró las palabras de la consellera pues por ahora la máxima prioridad es recuperar el uso y la titularidad de un edificio que ahorraría decenas de miles de euros anuales en alquileres municipales.
