La víctima de todo lo ocurrido es para el fiscal el Ayuntamiento de Orihuela por varios motivos. Uno es que Colsur gestionó un servicio sin contrato durante 2005 a 2008 por el cual ingresó del erario público previa presentación de numerosas facturas un total de 18,3 millones de euros; mientras Proambiente, el vertedero del que era socio Fenoll, ingresó otros 2,8 millones de euros. Los ediles que aprobaban aquellas facturas, con informes en contra, también se han visto salpicados por el Brugal y se piden penas de prisión para todos ellos.

Urbaser, la empresa que perdió el concurso y que presentó un recurso contencioso contra la anulación de su contrato que los juzgados le dieron la razón, reclama 7,4 millones de euros de indemnización al Ayuntamiento. Al municipio, además, le costaron 149.000 euros los gastos derivados de informes y asesoramientos para la adjudicación. Y la UTE que se adjudicó de forma irregular el servicio facturaría entre 2009 y 2012 al Ayuntamiento por un importe de 26,4 millones de euros.

Todas estas cifras aparecen como gastos al municipio por este supuesto amaño del contrato, bien por indemnizaciones que son consecuencia del mismo o por mantener el servio de la basura con Fenoll pagando sin contrato. En total, más de 55 millones de euros de perjuicio económico.

El fiscal considera que Fenoll y los políticos tienen que hacer frente a la responsabilidad civil. Así, por un lado, 1,1 millones de euros del beneficio industrial de Colsur y medio millón por el de Proambiente; también por los informes y asesoramientos que se pidieron; igualmente, que indemnicen al Ayuntamiento en la misma cantidad que se le tenga que pagar a Urbaser. Y, por último, a todos los acusados que abonen la cifra de más de 5 millones de euros por el beneficio industrial y gastos generales que entiende obtuvo la UTE durante esos años.En total, casi trece millones de euros.