El Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro va a hacer caja sacando a subasta suelo de vecinos de la Vega Baja que fallecieron sin dejar testamento y sin que posteriormente se haya encontrado herederos que reclamen los bienes materiales o inmateriales del finado. La propiedad más importante de la que pretende desprenderse la administración central con este procedimiento son 5.948 metros cuadrados urbanos, situados en plena Avenida del Puerto de Guardamar del Segura, en el sector SUP-7 «El Río». La delegación de Economía y Hacienda en Alicante licita esos terrenos en subasta por 5.063.106 euros.
Es una valoración elevada teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario, con escasa operaciones de compraventa de suelo y con las promotoras sacando adelante el que adquirieron antes de la crisis, hace casi una década. Pero pretende estar ajustado en función de que se trata de una parcela urbana, en la que se pueden construir varias torres de edificios residenciales, de los que ya está rodeada, incluido un hotel, situada muy cerca del acceso principal al municipio desde la Nacional 332, la desembocadura del Segura y la playa.
En el mismo procedimiento se saca a subasta otra propiedad, un terreno de 1.160 metros cuadrados en la Avenida de la Ciudad de la Luz de Rojales, integrado en e plan parcial «El Puente» y licitado, en este caso, a un precio mucho menor: 151.545 euros. El resto de parcelas que pone a subasta el Estado en la provincia en el mismo expediente, un total de cinco, se sitúan en Villena y Alicante y apenas alcanzan un precio conjunto de licitación de 80.000 euros, según indicaron fuentes del sector inmobiliario, lo que no es una situación muy habitual pero que ocasionalmente se produce.
La legislación dispone que los bienes de herencias intestadas -las de quienes fallecen sin dejar testamento- pasan a manos del Estado o de las comunidades autónomas que tienen competencias en ese ámbito. Es la propia administración la que realiza una labor indagatoria cuando no se hallan herederos legítimos.
Reparto
Cuando no hay herederos legales -familiares hasta cuarto grado y cónyuge- es el artículo 956 del Código Civil el que dice que recibirá los bienes el Estado.
Aunque todo el dinero recaudado en las subastas va a parar a las arcas públicas, la legislación también regula su destino final. De lo obtenido debe asignar una tercera parte a instituciones benéficas municipales del «domicilio del fallecido», otra tercera parte a instituciones provinciales y, el resto, se ingresa en el Tesoro Público. Las fincas de Guardamar, Rojales y Villena -no las de Alicante- eran propiedad, según aparece en el anuncio de subasta, de Beatriz Amelia Corvetto Wilkes, sin que se haga constar referencia a su residencia o su lugar de origen.
Las ofertas para esta subasta se deben presentar antes del 16 de junio de 2016 en el registro general de la delegación de Hacienda de Alicante y la apertura de sobres está fijada el 29 de junio.
