La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas que suman 37 años de cárcel para el empresario Ángel Fenoll, el principal investigado por las supuestas irregularidades en el contrato de las basuras de Orihuela. En un extenso escrito de calificación, el fiscal Pablo Romero solicita para los que fueran alcaldes de Orihuela, José Manuel Medina y Mónica Lorente, penas de 12 y 8 años de prisión, respectivamente.
La durísima petición del fiscal encuentra una treintena de responsables de una adjudicación fraudulenta después de que el contrato fuese dado a Urbaser y después anulado para ser otorgado a una UTE cuyos tres principales socios aparecen en el escrito de acusación, aunque es Fenoll el "cabecilla" visible de toda la trama.
La Fiscalía encuentra hasta nueve delitos cometidos por algunos de los investigados en las diligencias instruidas, que van desde la prevaricación al fraude pasando por el cohecho, la asociación ilícita, las coacciones, el tráfico de influencias, la extorsión, uso de información privilegiada o el delito electoral. Todo ello es el resultado, principalmente, de las escuchas telefónicas sujetas durante años a secreto de sumario en un procedimiento que, curiosamente, destapó el propio Ángel Fenoll cuando se adjudicaron las basuras a Urbaser para demostrar, aseguraba, que aquel contrato estaba amañado. Lo cierto y verdad es que esta mercantil se quedó sin contrato, que dejó suspendido el entonces alcalde, José Manuel Medina, y retomado por su sucesora al frente del Ayuntamiento Mónica Lorente, dándoselo en un nuevo concurso a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la cual Fenoll tenía intereses a través de testaferros, según el Ministerio Público.
El fiscal no sólo pide importantes penas para Fenoll y los dos exalcaldes. Ediles de esos años, como Ginés Sánchez se enfrenta a 17 años de prisión, Jesús Fernández a 16 años, los 11 años que se le piden a Antonio Rodríguez Murcia, los cuatro a Antonio Lidón, 7 a Manuel Abadía, mientras que el empresario Javier Bru, a otros 9 años de cárcel. Igualmente se fijan importantes penas de inhabilitación para la mayoría y millonarias indemnizaciones a los principales responsables del pago de facturas a las empresas de Fenoll, Colsur y Proambiente (mercantiles hoy sin actividad y sobre las cuales también se fija la responsabilidad civil subsidiaria), que superan los 6 millones de euros.
