Temían recibir un rosario de reclamaciones económicas y así está empezando a ocurrir. El urbanizador del polígono industrial de San Miguel de Salinas ha exigido al Ayuntamiento la devolución de los 120.000 euros que pagó en concepto de tasas para poder empezar a ejecutar el proyecto. El promotor exige ese reintegro después de que el Tribunal Supremo (TS) haya tumbado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que deja en papel mojado todas las actuaciones realizadas hasta el momento. El consistorio considera que la responsabilidad de este asunto recae en la Generalitat Valenciana, que fue quien aprobó en última instancia la normativa urbanística para el municipio. Por ello, reclama que sea la administración autonómica quien asuma el coste de esa indemnización.
Según el concejal de Urbanismo, Sergio Correas, el municipio se enfrenta ahora a un futuro incierto debido a que vuelven a regir las Normas Subsidiarias anteriores al primer Plan General que se aprobó para este municipio de menos de 7.000 habitantes. Dicho PGOU se validó en el año 2008 y desde entonces se concedieron múltiples licencias de construcción. También se iniciaron planes de reparcelación como paso previo a la proyección de nuevas urbanizaciones.
La consecuencia directa de todo ello ha sido que unas 150 viviendas han quedado en un limbo legal dado que se levantaron al amparo del documento urbanístico que fue tumbado por el TS a principios de este año. Ahora, el Ayuntamiento, gobernado por el PP y UPyD, estima que la Generalitat debe afrontar el coste de la indemnización que exige el promotor del polígono industrial así como todas las nuevas reclamaciones que pudieran llegar -y que desde el equipo de gobierno están seguros de que llegarán- por este asunto. La cuestión radica en que la Generalitat pasó por alto la normativa europea en materia de medio ambiente y no veló por su aplicación en el Plan General, que no se sometió al proyecto de Evaluación Ambiental Integrada y sólo contó con la declaración de impacto ambiental que pidió el gobierno valenciano. Si el Consell no acepta su parte de culpa, el gobierno local está dispuesto incluso a demandarlo para que asuma su responsabilidad patrimonial y sufrague los costes.
Los recursos contra el PGOU llegaron desde una asociación vecinal y otra ecologista que alertaban que se querían levantar 40.000 casas, aunque el equipo de gobierno dice que la cifra real son 5.000. La batalla judicial se extendió durante casi ocho años hasta que el TS acabó estimando los recursos.
Sin presupuesto
Pero todos los problemas de San Miguel relativos a su planeamiento urbanístico no acaban ahí. En realidad, todo apunta a que no han hecho más que empezar. Correas destaca que el municipio no tiene consignada ninguna partida presupuestaria para este año con el fin de volver a iniciar la redacción de un Plan General, un trámite con un largo recorrido burocrático que se extenderá durante años. En este sentido, cree que la Generalitat Valenciana debe de responder por este asunto y ayudar a que se tramite un nuevo planeamiento mediante un procedimiento de urgencia. Desde el equipo de gobierno han pedido ayuda a la Diputación para poder hacer fuerza y poder reclamar también al gobierno autonómico que destine una subvención para que el municipio pueda empezar ese trámite cuanto antes.
