Luz verde para el pentapartito. El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó ayer con los votos a favor de los doce miembros de los cinco partidos que conforman el equipo de gobierno; el rechazo de los once concejales del PP, y la abstención de Ciudadanos (C´s, iniciar el proceso de municipalización de la contrata de recogida de basuras, limpieza viaria y de la costa de Torrevieja. Un pleno que el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper calificó de «histórico» en la trayectoria democrática de la ciudad, en una visión que compartieron sus compañeros de gobierno de izquierdas; frente a la advertencia de las importantes lagunas legales y la escasa garantía del mantenimiento de puestos de trabajo que señaló el PP, cada vez que tuvo ocasión.
La incógnita sobre el voto de C´s, cuya abstención era vital para que el gobierno sacara el punto con mayoría simple, mantuvo en vilo al gobierno -y la oposición- durante más de dos horas y media. Gómez solo despejó la postura del partido en último momento. La duda asaltó al pentapartito, cuando la edil portavoz de la formación naranja, Pilar Gómez Magán, reprochó al alcalde la falta de información, «ninguneo» y «desprecio» hacia el partido que representa. La secuencia fue seguida de cerca por el responsable del partido en la provincia, Santiago Mira, como «enviado especial» ayer para evitar sobresaltos de última hora.
El alcalde defendió la municipalización como el más eficiente, el que, dijo, puede garantizar la sostenibilidad económica de la prestación -con un ahorro anual de 4 millones de euros con respecto al actual-; dará calidad al servicio y en especial, aseguró, dejará atrás, una concesión «manchada por la corrupción», en referencia a la adjudicación amañada a Acciona que terminó con la condena del exalcalde Pedro Hernández a tres años de cárcel. Solo entre 2011 y 2015 el contrato de Acciona se «comió» 94,8 millones de euros del presupuesto municipal, lo previsto para sus 10 años de vigencia -algo verificable en los datos que ofrece la web municipal-. Uno de cuatro euros de gasto corriente del presupuesto. «No tenemos que avergonzarnos de la gestión pública. Lo que no es normal es entregar la gestión a una empresa de fuera», remarcó José Manuel Dolón, recordando que los técnicos reclamaron en varias ocasiones que se rescindiera el contrato Acciona durante los mandatos del PP . El primer edil defendió la gestión directa es más una alternativa para solucionar un problema inminente que una propuesta ideológica. Explicó que el 13 de junio Acciona debe dejar de prestar el servicio, y que el trámite de una contrata nueva se prolongaría durante más de un año y medio. «Tenemos que trabajar en este abismo», resumió el portavoz de Los Verdes y edil de Hacienda, José Hurtado.
El portavoz del PP y diputado provincial, Eduardo Dolón (PP) estuvo ayer convincente a la hora de reseñar las contradicciones evidentes, la lagunas y la complejidad que presenta el proceso de municipalización, algo que hasta reconocieron, en algunos extremos, los miembros del gobierno. En especial, la inexistencia de una garantía del puesto de trabajo para la plantilla de 219 trabajadores fijos y 123 contratados -que cubren bajas, vacaciones, y periodos de refuerzo como Semana Santa y verano-. Recordó, sobre todo, que los técnicos no tienen nada claro que se dé el supuesto de sucesión de empresas que garantizaría la subrogación de la plantilla, y el informe del jefe de Recursos Humanos que indica que los empleados, algunos de edad avanzada, deberán someterse a un proceso de concurso oposición, tarde o temprano, y que los empleados pueden perder de 3.000 a 5.000 euros anuales.
El «ya veremos»
La portavoz socialista Fanny Serrano rebatió ese argumento echando mano de la legislación europea, que mantuvo, salvaguarda las condiciones salariales y laborales de los empleados de una empresa privada si la plantilla de un servicio público, como es el caso, es subrogada por una administración; mientras que sus compañeros de Sueña e IU insistían en la eficiencia del modelo público en León y otras ciudades.
Eduardo Dolón desveló varias resoluciones judiciales, como la de un caso similar de municipalización de un servicio en Alzira, que ha sido llevada al juzgado por la delegación de Gobierno por incumplir la legislación de limitación de gasto público. Además de otro similar en Aspe, en el que han abierto diligencias judiciales de investigación por responsabilidad penal de quienes decidieron municipalizar. Eso como anticipo de a lo que se puede enfrentar el gobierno local. El PP subrayó que el debate sobre lo que se avecina no se puede soslayar solo «con un ya veremos», que es la frase que ha empleado el pentapartito para responder a dudas sobre cómo va a plantear la contratación de maquinaria o asimilar a los contratados no fijos, entre otras interrogantes. Además incidió en que los informes de Intervención advierten de que el Ayuntamiento deberá afrontar nuevos planes de saneamiento financiero con las previsiones de gasto para las próximas anualidades, en especial las previstas para la adquisición de maquinaria. El edil de APTCe, Domingo Soler, que la comisión previa se había abstenido, tras conocer el sentido de voto de Ciudadanos, que garantizaba el visto bueno a la propuesta, cambió el suyo a favorable, realizando su única y muy singular defensa del procedimiento en todo el pleno, sin referencias a los informes e invitando «a dejar el pasado atrás».
