Callosa quiere rescindir la contrata de basura con Sirem por «graves incumplimientos»

Sirem ve cómo otro municipio, en este caso Callosa de Segura, también quiere rescindir el contrato

04.05.2016 | 07:47
Una imagen de la retirada de la montaña de basura que apareció en un paraje de Aspe.

La empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida y eliminación de basuras en Callosa de Segura, la mercantil Sirem, podría perder la contrata debido a los «graves incumplimientos» en la prestación del servicio. Las supuestas irregularidades han sido detalladas en un informe elaborado por un técnico municipal y el tripartito que gobierna el Ayuntamiento (PSOE, IU y Somos) ha presentado una moción que será debatida en el pleno del jueves para iniciar un expediente para resolver el contrato.

En relación a la eliminación y tratamiento de los residuos del municipio, que actualmente se derivan al vertedero de Villena, se alega que Sirem se ha venido negando a asumir el pago de las facturas por ese concepto. En octubre de 2015, la mercantil envió un burofax a la planta de tratamiento y advirtió que no aceptaba que se giraran facturas a su nombre dado que no había ninguna relación contractual entre ambas mercantiles. El Ayuntamiento alega en cambio que en el contrato con Sirem se especifica que la eliminación de los residuos le corresponde a la concesionaria. Hasta ahora las facturas las está abonando el consistorio y luego se detrae el coste de lo que mensualmente le paga por prestar el servicio. Otra de las cuestiones que se pone de manifiesto es el vertido de enseres que Sirem ha venido realizando en las instalaciones municipales de la antigua fábrica Hiresa, donde se colocó un contenedor para tal fin pero, cuando se llena, los desechos se acumulan a su alrededor. De igual forma se da cuenta que algunos días no se ha realizado la recogida de residuos sólidos en algunos puntos del municipio.

El vertido ilegal de 12 toneladas de basuras procedentes de Callosa realizado y reconocido por Sirem en un paraje natural de Aspe es otra de las irregularidades que se señalan en el informe para justificar la rescisión del contrato.

En la propuesta que se lleva a pleno para este fin se explica que, en caso de que se apruebe, tal y como ocurrirá previsiblemente, puesto que el tripartito gobierna con mayoría, se le dará un plazo de audiencia de 10 días al contratista para presentar las alegaciones que estime oportunas. En ese caso, se enviaría el asunto al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana para que emita un dictamen y mientras tanto el procedimiento quedaría suspendido.

En caso de que Callosa acabe rescindiendo el contrato el tripartito tendrá que decidir entre sacar un nuevo pliego de condiciones para licitar el servicio o, si los números lo permiten, municipalizarlo.

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