El portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Fulgencio, Alejandro Sampere, ha presentado una denuncia en los juzgados contra el alcalde, Carlos Ramírez (PP), por un supuesto delito de prevaricación en relación con el contrato de podas firmado en 2012 y que sigue vigente a día de hoy, pese a que era por dos años y no existir, según los denunciantes, acuerdo de renovación alguno suscrito por la junta de gobierno. La denuncia se hace extensible al resto de miembros del equipo de gobierno de este y del anterior mandato que han podido tener participación en los hechos. El regidor aseguró ayer desconocer el contenido de la denuncia pero negó cualquier ilegalidad.
La denuncia nace del expediente de contratación que el 29 de septiembre de 2011 puso en marcha la junta de gobierno para la aprobación del pliego de condiciones. Este se rectificó dos meses más tarde. En febrero de 2012, la entonces portavoz socialista, Trinidad Martínez, registró un documento en el Ayuntamiento donde hacía constar una serie de supuestas irregularidades por las cuales el pliego debía considerarse nulo, pero se no se atendió. Dos meses más tarde hubo una adjudicación por dos años y 565.878,2 euros para el primero de ellos. A partir de mayo la mercantil comenzó a prestar sus servicios aunque, siempre según la denuncia, con unos medios insuficientes para lo acordado en aquel pliego; de hecho, aseguraban que el vehículo pra recoger las podas era particular, y aquello ya les puso sobre sospecha.
En julio, según los socialistas, el servicio no mejoró, de hecho aportan como prueba a las actuaciones un video en el que se constata que a esa actividad se estaba dedicando otro personal del Ayuntamiento y no de la empresa. Esta situación se prolongó y, a juicio de los denunciantes, empeoró porque terminó recogiendo también las podas otra mercantil que nada tenía que ver con este servicio, como era Ginnsa, la encargada de la retirada de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria y, además, facturando por ello al municipio. Todo esto le llevó a la conclusión de que la adjudicataria no ha realizado el servicio contratado y eso ha supuesto un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento sin que el equipo de gobierno del PP hiciera nada, ni el anterior ni el actual.
El servicio no sólo tenía este incumplimiento pues en el contrato se establecía una serie de puntos para la recogida de las podas en parcelas que no se ubicaron y que el propio Ayuntamiento, según la denuncia, tuvo que suplir con una parcela dotacional en la urbanización La Marina, concretamente en la calle Extremadura. Según los socialistas, las podas se han llegado a eliminar en lugares no autorizados para ello, como una cantera cercana al municipio y por una empresa que no tiene licencia para dedicarse a esta actividad. De todo ello aportan documentación e imágenes de los trabajos.
La denuncia asegura que se puede haber cometido una falsedad en el propio contrato al realizarse una modificación de las condiciones del mismo con más de un año de posterioridad. Y para eso se basan en que en octubre 2013 los socialistas llegaron a solicitar un pleno extraordinario de fiscalización del servicio. La entonces portavoz intentó ver el expediente antes de la celebración del mismo y, según la versión de Trinidad Martínez, que obra en la denuncia, se le dijo que tenía que aún incluirse nueva documentación y que mientras tanto no podía acceder al mismo.
Días más tarde, un técnico certificó, a petición del alcalde, que en ese primer año de contrato la empresa había faltado a la ejecución del mismo en 2,03 trabajadores a jornada completa. La adjudicataria contestó al mismo asegurando que eso no era cierto porque se había producido una modificación del contrato anterior, aportado un documento fechado el 20 de mayo de 2012, que anulaba el informe del técnico porque con esas condiciones él no tenía razón. Del mismo, según el PSOE, no existía conocimiento por el fedatario municipal. El mismo venía a rebatir la falta de trabajadores que había asegurado el informe del técnico. Dos años después de comenzar aquel contrató expiró y aunque existía la posibilidad de prórroga anual por acuerdo de las partes, el PSOE asegura que no se ha hecho, que el regidor se escuda asegurando que ésta es forzada. De ahí no sale.
