Benejúzar

El PP pide 6 meses de cárcel para los ediles del PSOE procesados por delito electoral

Los populares solicitan que sean juzgados por repartir propaganda electoral antes de lo permitido por la Ley

30.04.2016 | 01:27
El PP pide 6 meses de cárcel para los ediles del PSOE procesados por delito electoral

El Partido Popular ha solicitado una pena de seis meses de prisión para todos los ediles del grupo socialista de Benejúzar que han sido procesados al encontrar la jueza indicios de delito electoral en la precampaña de los pasados comicios. Entre ellos, se encuentran el portavoz, Miguel López, que es asesor de la Diputación, y el concejal José Antonio García, que fue nombrado alto cargo de la Conselleria de Sanidad, dirigida por la socialista Carmen Montón, cuando ya se sabía que estaba imputado.

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Rosa María Villegas, dictó un auto de incoación de procedimiento abreviado procesando a todo el grupo socialista y ordenó dar traslado de esta diligencia al Ministerio Fiscal y a la acusación del PP «a fin de que instaran el sobreseimiento de las actuaciones o la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación y, en su caso, la práctica de nuevas diligencias».

Pues bien, los populares han pedido ahora juzgar a todos los concejales del PSOE, además de a otras personas que se integraban en su lista electoral, al considerar que todos ellos incurrieron en un delito al repartir propaganda electoral pidiendo el voto antes de lo permitido por la Ley.

Según la acusación del PP, los hechos ocurrieron durante la tarde del 28 de abril de 2015 cuando los ahora investigados (antes llamados imputados) «procedieron a repartir por el municipio folletos con propaganda electoral del PSOE en la que se incluía una fotografía del candidato a la Alcaldía, Miguel López, y entre otras cuestiones se indicaba expresamente que se pedía 'la confianza (de los vecinos) para abrir un nuevo tiempo en Benejúzar. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Cuento contigo', lo que supone una vulneración de la normativa electoral».

Para los populares, que denunciaron este asunto, los hechos son constitutivos de un delito en materia de propaganda electoral, previsto y penado en el artículo 144.1.b de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral general, en relación a los artículos 51 y 53 del mismo cuerpo legal.

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