El pleno más plácido del mandato y el primero que se pudo seguir por internet, a la espera de que se aprueben los presupuestos -quién sabe cuándo-, se cerró ayer con muchos acuerdos en temas menores, menos de cinco horas de duración -lo cuál ya es un récord- y con una certeza: que nadie sabe cuándo acabarán las obras del Proyecto de Reforma Interior (PRI) de Montepinar, uno de los temas más sangrantes de los últimos años. Se lo admitió al presidente de los vecinos el concejal Francisco Sáez Sironi cuando este le realizó una batería de preguntas al comienzo del pleno. El portavoz de los populares dejó entrever que ha heredado un problema que nació hace nada más y nada menos que siete años cuando en una corporación comandada por Mónica Lorente y que tenía como concejal de Urbanismo a Antonio Rodríguez Barberá se decidió, en enero de 2009, una regularización de la urbanización ilegal que pasaba por una inversión de diez millones de euros a cargo de unos propietarios que no estaban de acuerdo con un coste que tildaban de desorbitado. Después su ejecución corrió a cargo del tripartito CLr-PSOE-Los Verdes que acabó en bipartito.

Lo que quedó meridianamente claro es algo que ya sospechaban desde hace mucho tiempo los vecinos: que algo se ha tenido que hacer muy mal estos años, con falta de previsión, cuando aún falta realizar expropiaciones para algo tan básico como establecer la ubicación para los mecanismos que tienen que permitir que funcione la bomba que dará vida a una red de saneamiento que acabará con las fosas sépticas o los camiones cubas. Y otra cuestión aún pendiente, quizá menor pero no por ello menos importante, es el soterramiento del cableado de telefonía que los vecinos han pagado y están pendientes de eso, de que se entierre, pero la empresa no contesta a los requerimientos que se le han hecho.

El concejal aclaró otras cuestiones que preocupaban a los vecinos, como que no le consta que vaya a ver recargos de la adjudicataria por el retraso, que evidentemente no es imputable a ella o que exista una infracción urbanística cometida durante los trabajos. Sáez Sironi, con la flema que la caracteriza y que siempre da la sensación de que lo que dice va a misa porque se lo tiene bien estudiado, concluyó que de fechas no podía decir ninguna.

La sesión dio, en otro orden de cosas, para que los monitores del Mudic escucharan de boca del alcalde lo que ya sabían: que por ahora no cobran, o que los asistentes se enteraran de que en 2015 también estuvieron los tres primeros meses en la misma situación por el retraso en el abono de la subvención municipal.

Siete de nueve mociones salieron adelante y las otras dos fueron tumbadas por el PP. En una de ellas, precisando el voto de calidad del regidor, concretamente del PSOE, que hacía referencia al copago farmacéutico impuesto por el gobierno de Rajoy; la otra de Pepa Ferrando, que abordaba qué pasa con el retraso en el abono de las ayudas municipales a todo tipo de entidades.

Se quedó sobre la mesa sin debatirse las cuentas de tres empresas públicas: Uryula Histórica, Ildo y Surpal después de que el interventor hiciera un informe mostrando su disconformidad que tuvo respuesta en otro del alcalde ayer mismo, según aseguró Bascuñana al tener que dar una explicación a los concejales de todos los grupos municipales que se acababan de enterar de esta circunstancia.