La integración ciudadana en las labores de gestión municipal dará hoy un paso más con la aprobación del Reglamento de Participación elaborado por el equipo de gobierno (PP) y Ciudadanos, que se votará hoy en el pleno y que contará con tres organismos principales para velar por ello. El instrumento más importante, por la integración de numerosos sectores socioeconómicos de la ciudad, será el Consejo Social, que aglutinará a concejales, funcionarios, personas de reconocido prestigio público por la sociedad, representantes de la Cámara de Comercio, del Colegio de Abogados, universidades, entidades financieras, Semana Santa, Moros y Cristianos, Juzgado de Aguas, medios de comunicación, asociaciones festeras o vecinales o entidades culturales, entre otros. Su función será la de crear debate y formación de perspectivas sobre la gestión municipal, así como la emisión de informes, estudios y propuestas en diferentes materias.

También habrá un defensor del ciudadano, una figura elegida por el alcalde y que velará «con independencia y objetividad» por la defensa y derechos de los ciudadanos. Será el encargado de encauzar las quejas de los visitantes. En definitiva, una especie de Defensor del Pueblo aplicado al ámbito local y quien también controlará que todos estos mecanismos de participación funcionen de forma correcta.

De forma más cercana y directa, estas propuestas ciudadanas podrán ser canalizadas también por cada una de la once juntas de distrito en las que se ha dividido el territorio oriolano y que contará con un edil de cada grupo político, hasta cuatro representantes de entidades ciudadanos del territorio del distrito, otras tres entidades ciudadanas de ámbito superior a la del distrito y un mínimo de cuatro vecinos. Las juntas deberán reunirse como mínimo cuatro veces al año, si bien podrán ampliarse el número de reuniones si se considera oportuno, siendo el mayor órgano de participación activa, ya que el mínimo de reuniones del Consejo Social será marcado de forma anual.

Equidad

Estos distritos no se han realizado siguiente una equidad en cuanto al censo de habitantes, sino en cuanto al de votantes. Es decir, en la Costa, pese a poseer más de un tercio de los habitantes, tan solo se han creado dos, mientras que en el casco urbano y en las pedanías habrá cuatro y nueve, respectivamente.

Esto es debido a que en el litoral tan solo un 18 por ciento de los habitantes está censado electoralmente, «tiene peso político -explicó el edil de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas- frente al 75% del casco urbano y pedanías». Sin embargo, el valor del voto de cada distrito sí será ponderado en cuanto al número de habitantes.

El reglamento abre la puerta también a los presupuestos participativos, pero ya de cara al 2017 pues los de 2016 aún pendientes de aprobar y, además, porque fueron elaborados en diciembre de 2015, antes de desarrollarse el reglamento. El mecanismo para distribuir esos presupuestos también está pendiente de aprobación, por lo que aún no se sabe si será tramitado por los organismos creados o se abrirán las propuestas y los debates a toda la ciudadanía.