El Consorcio de Residuos de la Vega Baja espera disponer en un máximo de cuatro meses de las bases técnicas que regirán la contratación de un nuevo proyecto de gestión para ordenar la eliminación de las 247.000 toneladas de desechos que se generan cada año en la comarca. La Comisión de gobierno de este organismo aprobó ayer adjudicar un contrato de 21.538 euros a una mercantil murciana para que describa, entre otras cuestiones, las instalaciones de tratamiento de desperdicios que se precisan.

Esa medida salió adelante con los votos de los representantes del PSOE y del Consell, que cuentan con mayoría, y frente a la oposición de los representantes del PP y de la Diputación, que criticaron que se haya elegido a dedo a esa mercantil, sin consenso, y que además no sea de la provincia alicantina. Los votos de los socialistas sirvieron igualmente para acordar adjudicar otro contrato para la redacción de pliegos para la contratación de determinados servicios de comunicaciones, en este caso por más de 4.700 euros, a una empresa radicada en Castellón. Los populares votaron igualmente en contra de esta cuestión, destacando que «el objeto de la empresa contratada en materia de comunicación está ligado a la arquitectura, mientras que en el otro caso, se trata de una empresa que no es de la provincia de Alicante y no se ha puesto de manifiesto la capacidad técnico económico y técnico para afrontar dicho proyecto».

La aprobación del contrato para elegir posteriormente a una empresa que diseñe una «nueva marca del Consorcio, ponga en marcha un gabinete de prensa, habilite una web y redes sociales o gestione las comunicaciones de crisis» volvió a enfrentar ayer a los dos partidos, que se culpan de la mala imagen que hay de todo los relacionado con la gestión de las basuras de la Vega. Mientras el PP cree que es culpa del PSOE por haber agitado a los vecinos con manifestaciones en contra del anterior Plan Zonal, los otros creen que la culpa fue de los populares y del caso Brugal por el supuesto amaño de la anterior contrata.

Una década en espera

Sea como fuere, la realidad es que otra vez se pone en marcha la maquinaria para tratar de solucionar un problema que lleva enquistado más de una década mientras las basuras de la comarca se están distribuyendo por diversos vertederos alicantinos, una situación que desata críticas desde los municipios receptores. Para solucionar todo este desaguisado salpicado por la sombra de la corrupción y la desconfianza de los vecinos, el Consorcio dispone de fondos por valor de más de dos millones de euros, según refleja el estado de las cuentas a cierre de 2015.