El Ayuntamiento garantiza las actuales condiciones laborales y salariales de los empleados de Acciona cuando sean asumidos en la municipalización de la recogida de basuras. Eso es, al menos, lo que mantuvo ayer, en primer lugar, el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, en la reunión informativa con los trabajadores de la empresa, que pasarían a formar parte de la plantilla municipal el 14 de junio. Los trabajadores no terminan de entender cómo se mantienen sus nóminas del convenio de Acciona, cuando en el cálculo de la masa salarial de la municipalización, con el mismo número de trabajadores, aparece un ahorro de un millón de euros para el Ayuntamiento respecto a lo que le cuesta ahora a Acciona. Algo que el gobierno atribuye a un error de sus técnicos.

El primer edil tuvo que admitir, aunque intentó incluir matices favorables, que los trabajadores deberán de someterse a un proceso de funcionarización -con una oposición abierta a cualquier ofertante-, en el momento que pasen a cobrar la nómina de las arcas municipales. El gobierno local vende este proceso como una garantía de los derechos de los trabajadores frente a la opción de adjudicación a una empresa, que puede decidir el despido libre en cualquier momento. Dolón mantuvo que la funcionarización no debe emprenderse necesariamente a los 6 meses de comenzar el nuevo servicio público. El jefe de Recursos Humanos, aclaró sobre el documento desvelado por este diario el domingo, no dice que tengan que sacarse las plazas de interino a los seis meses de implantarse la municipalización. Habla de cuánto tiempo es necesario para completar un proceso selectivo: 6 meses para los interinos y un año para las plazas fijas, y no del momento de iniciarlo. En este sentido, dio a entender Dolón, que la decisión de comenzarlo es política y recurrió a ejemplos muy cercanos: los trabajadores de las basuras de Orihuela fueron asumidos en 2012 por ese municipio y sus plazas no se han convocado. Y hay 58 policías interinos en el Ayuntamiento en la misma situación, además de una parte de los peones del equipo verde. Todos desde hace años. Sí admitió que los trabajadores deberían obtener el certificado escolar, del que carece una parte importante de la plantilla, para que puedan concurrir a esa oposición, cuando se convoque.

Preocupación

El alcalde, que se enfrentó a un encuentro menos tenso de lo esperado - previamente se había reunido con Comisiones Obreras-, aseguró que en estos momentos el servicio cuesta a las arcas más de 17 millones de euros al año y que el plan de ajuste al que se sometió el Ayuntamiento por orden del Gobierno, contemplaba una reducción en ese gasto de más dos millones de euros al año. En la reunión, estuvo presente la teniente alcalde Fanny Serrano, que ha intervenido las últimas semanas en la supervisión jurídica de la propuesta que se lleva hoy a la comisión informativa, y que debe dictaminar el asunto antes del pleno, que podría celebrarse el viernes.

La reunión se prolongó durante dos horas. Tanto los trabajadores que tienen previsto prejubilarse, como los contratados que no son fijos ahora en plantilla plantearon también cómo queda su situación. Parte de los trabajadores sigue manteniendo serias dudas de que el gobierno local pueda mantener sus compromisos porque los informes técnicos no son nada categóricos, citan muchos matices e incluso contradicen, en algunos aspectos, al gobierno local.