Dolores

El PP pide la dimisión de Joaquín Hernández por construir y vender una casa ilegal en la huerta

Rafael Candela reclama al PSOE que suspenda de sus cargos al alcalde y diputado provincial

27.04.2016 | 08:21
Imagen de la continuación de la obra en el chalé vendido por el alcalde Hernández.

El vicesecretario general de Política y Organización del Partido Popular en Alicante, Rafael Candela, reclamó ayer la dimisión del alcalde socialista de Dolores, Joaquín Hernández, también diputado provincial, tras conocerse que levantó un inmueble en parcela rústica hace 13 años y lo vendió en 2014, cuando ya pesaba sobre él inmueble una orden de demolición.

Ahora el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento sancionador contra el nuevo propietario por haber continuado las obras en dicho chalé y puesto que, según se aprecia en las imágenes, no está terminado. Al estar emplazado en terreno rústico no puede obtener ninguna licencia de obra, por lo que los trabajos se han venido realizando al margen de la legalidad.

Rafael Candela afirmó que «existe una exigencia del pueblo de Dolores de conocer el fondo de este asunto. En las circunstancias actuales, la única salida honrosa que le queda es dimitir como alcalde y como diputado provincial. Su actitud ha sido bochonorsa».

El responsable popular exigió a Ximo Puig, a David Cerdán y a Pedro Sánchez, «a quienes se les llena la boca a la hora de hablar de supuestos casos de otros partidos, que sin perder un minuto exijan a Hernández la dimisión de todos sus puestos institucionales y orgánicos en aras de la transparencia y de la legalidad». «Nos da igual que los hechos hayan prescrito o que no. Los hechos son contundentes. Hernández no puede seguir siendo un minuto más alcalde de Dolores ni diputado provincial», añadió.

«Los ciudadanos piden a sus representantes políticos transparencia, ética y defensa de la legalidad. No es posible que el alcalde de un municipio sea el primero en saltarse la legalidad, obviar la ética y no ser transparente», concluyó.

En relación a todo este asunto, el regidor de Dolores defiendió que tras iniciarse un procedimiento sancionador en 2013, que exigía el pago de una multa y la demolición del edificio, recurrió en los tribunales al considerar que el supuesto hecho delictivo estaba prescrito. Dijo que el comprador de la casa sabía que estaba pendiente una orden de demolición y consideró que será un juez el que deberá de pronunciarse.

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