Algunos ya se explican estos días que el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), colgara en su facebook hace un par de semanas una imagen de su participación en la Romería de la Santa Faz, en Alicante. Hay quien dice que fue a rezar para saber si se resuelven sus problemas; otros, a huir de la realidad. Lo cierto y verdad es que esta semana para el líder popular, que ha cumplido ya diez meses al frente de la Alcaldía se anunciaba gloriosa y se está torciendo, es el peso de una Alcaldía tan complicada como ésta.
Bascuñana comenzó denunciando irregularidades en Orihuela Cultural y ha acabado con los padres de Dinoco amenazando con dejar el servicio de atención temprana, con el interventor Fernando Urruticoechea criticando la «opacidad y el despotismo» en el Ayuntamiento, con un anuncio de querella criminal si no se retracta por las tres concejalas -todas ellas socialistas- que dirigieron la empresa pública que gestiona el Teatro Circo y con una pregunta que llegará al pleno sobre los problemas en Montepinar que no se resolvieron el pasado mandato y con los que a él le toca ahora lidiar. «Hoy, por fin, es viernes y llega el Mercado Medieval», pensará el alcalde. ¡Cuidado, la semana aún no ha terminado!.
El regidor se desayunó ayer en INFORMACIÓN la contestación del interventor que, lejos de amedrentarse, considera que denunciar lo que está mal es su obligación y que lo sepan los ciudadanos, aún más. Ayer se cumplía el ultimátum que Bascuñana le dio a Urruticoechea para retractarse de las declaraciones a este periódico, en una entrevista firmada por nuestra compañera Ana Fajardo, en la que advertía de que en el Ayuntamiento se daban las condiciones para una intervención. Más tarde, a las diez y media de la mañana, la junta directiva de Dinoco informaba a la Prensa en un comunicado de la convocatoria de una asamblea extraordinaria en la que se decidiría desde tomar medidas de presión reivindicativas hasta dejar de gestionar el servicio. Y todo porque después de meses de negociación para saber cuál es el futuro de Dinoco, se habían enterado que apenas se han dado pasos para que Uryula Histórica asuma esta encomienda. «Nos encontramos con promesas incumplidas», aseguran refiriéndose a la edil Sabina Galindo, responsable de Bienestar Social, quien les dijo «que esa encomienda de gestión iría al pleno del 28 de abril» tras enterarse de que el departamento de Intervención apenas sabe nada del proyecto por la falta de informes. «El pueblo no vota interventores, vota políticos, que son los que han de resolver los problemas municipales», añadían al tiempo que aseguraban que las trabajadoras del «centro municipal de atención temprana se han visto obligadas a iniciar acciones para defender sus derechos».
Y a media mañana también se supo que el presidente de la Asociación de Vecinos de Montepinar ha pedido preguntar en el pleno para sacar los colores a la gestión en la urbanización, que costó diez millones de euros que ellos pagaron y ahora se enteran que la adjudicataria ha pedido un recargo de las obras, que siguen sin conectarse a la red de saneamiento, que se negoció una rebaja de este gasto que el actual equipo de gobierno no mantiene y que consideran que se ha consentido una infracción urbanística por viales y aceras estrechas, tampoco saben nada del cableado de telefonía que se deben de enterrar y las obras, al cabo de cuatro años, no han acabado.
Para cerrar la mañana, el PSOE hizo público un comunicado en el que anuncia acciones judiciales contra Bascuñana «ante las gravísimas acusaciones sobre la existencia de una Caja B en la gestión de la empresa pública Orihuela Cultural, quienes ostentaran responsabilidades de dicha área, las exconcejalas socialistas Antonia Moreno, Ana Mas y Rosa Martínez consideran inadmisible estas afirmaciones que dan a entender a la opinión pública que se han cometido delitos de malversación de caudales públicos, delitos societarios, robo u otros», dice el comunicado que añade que ayer se presentó un acto de conciliación previo a la demanda para exigir al alcalde que reconozca que sus declaraciones son una calumnia y se retracte y pida perdón públicamente por difundir una información falsa que atenta contra el honor de las demandantes.
