El interventor del Ayuntamiento de Orihuela, Fernando Urruticoecheainterventor OrihuelaFernando Urruticoechea, contestó el viernes al escrito que le remitió el alcalde, Emilio Bascuñana, pidiéndole que justificara las declaraciones en una entrevista a INFORMACIÓN el pasado domingo 17 de abril en las que el funcionario afirmó que Orihuela cumplía con los requisitos legales para la disolución del Ayuntamiento, donde además existía una gestión gravemente perjudicial para los intereses generales e incumplimientos inconstitucionales. Bascuñana advirtió incluso de la apertura de un expediente y una posible querella si no rectificaba sus palabras pero Urruticoechea, lejos de echarse atrás, reafirmó en su respuesta a estas declaraciones, que justificó poniendo como ejemplo su propia actividad fiscalizadora, que le ha llevado a emitir hasta 124 reparos en los dos últimos años, a los que hay que sumarle los 22 de este 2016.
El funcionario apuntó en su escrito, al que ha tenido acceso este diario a través de fuentes municipales, que estas «graves irregularidades en la gestión están recogidas en dos informes efectuados por la Sindicatura de Comptes», el de fiscalización de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento en los ejercicios de 2012 a 2014, y en el de control interno del Ayuntamiento del año 2010. Entre otras cuestiones que avalan estas declaraciones, el interventor apunta al «estudio contratado a la consultoría Deloitte» durante la pasada legislatura para la elaboración del Plan Económico Financiero, del que afirma «no tengo noticia de que se aprobara y cuya consecuencia, junto a otras actuaciones como la falta de liquidación con la concesionaria de basuras y la falta de cumplimiento de resoluciones judiciales, la inexistencia de Plan de Tesorería y de regularización contable, ha ocasionado el agravamiento de la situación económica financiera, unido a crónicos incumplimientos de obligaciones constitucionales».
Urruticoechea echa en cara al alcalde «no haber atendido ni tenido contestación hasta el momento» a los diferentes escritos remitidos sobre la existencia de las deficiencias de gestión que padece (el Ayuntamiento) y la gravedad de sus efectos». Por tanto, pide una cita con el primer edil para informarle detenidamente de estas cuestiones, ya sea «mediante una reunión, la emisión de informes o incluso declarando en una comisión de investigación» creada para la ocasión. El funcionario solicita además cumplir con la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y que todos sus reparos sean publicados en la web municipal.
En el escrito remitido al alcalde reivindica su derecho a la libertad de expresión tras las declaraciones de Bascuñana donde apuntó a que no descartaba querellarse contra él para defender el honor del Ayuntamiento, derecho «debidamente enriquecido por deber de lealtad e imparcialidad política exigida por la pertenencia a la función pública».
El interventor también puntualiza que nunca dijo que hubiese imputados en el Ayuntamiento, sino que solo se había dado un caso de intervención del Ayuntamiento en Marbella, donde además de las condiciones que se daban en Orihuela, «también había imputados». Declaraciones que hacen referencia al municipio malagueño.
