El Tribunal de Cuentas ha dado carpetazo a las diligencias preliminares que abrió en mayo de 2013 para averiguar si existía perjuicio para el erario municipal por la supuesta falta de justificación del gasto que hacían los grupos municipales de la asignación que recibían como grupo para su funcionamiento interno durante los dos últimos mandatos municipales -en concreto, se reclamó la justificación anual desde 2011-. El Tribunal archiva el procedimiento porque considera que es muy difícil comprobar qué impacto tuvo para las arcas municipales la falta de detalle de algunos grupos a la hora de justificar qué uso hacía de ese dinero; además de admitir que tanto el Ministerio Fiscal como el propio Tribunal «entiende como justificada esta irregularidad con el requerimiento que se ha hecho a los grupos» desde la apertura de esta investigación, para que fiscalizar esos gastos en el pleno.
La resolución dice que es «clara la indeterminación del supuesto alcance (perjuicio para las arcas públicas), su falta de individualización con referencia a cuentas determinadas o actos concretos de administración, custodia o manejo de caudales municipales».
El procedimiento se abrió después de que la Fiscalía remitiera al Tribunal de Cuentas las conclusiones de un informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat sobre la gestión económica del Ayuntamiento de Torrevieja que detectó numerosas irregularidades. En ese procedimiento, una de las cuestiones investigadas, aunque no la de mayor relevancia económica, fue la de la gestión de las cuentas de los grupos. Y fue el concejal entonces del PP Joaquín Albaladejo el que aportó en noviembre de 2014 buena parte de la documentación, en una actuación tildada como «oposición de la oposición» por parte de los partidos afectados, y que se centraban, en especial, en la gestión de las cuentas del PSOE y su secretario general Ángel Sáez y los concejales Fanny Serrano, Domingo Pérez y Javier Manzanares y APTCe con su portavoz Domingo Soler, al frente, en las que no se concretaban algunos aspectos que los populares consideraban esenciales para validar qué gasto se hacía del dinero municipal destinado al funcionamiento interno de los grupos.
También por el hecho de que un porcentaje muy elevado de ese dinero fuera a parar finalmente a la asamblea local, en el caso del PSOE. Además de la documentación remitida por los propios grupos al Tribunal de Cuentas, en el expediente figura el relato de dos exconcejales del PSOE, Manuel Vera y Marisa Zafra, en el que se describía la supuesta falta de control en esas cuentas pero que no ha sido tomado en consideración de por el Tribunal.
De la justificación del gasto de funcionamiento de los grupos se da cuenta al pleno a raíz del informe de la Sindicatura de Cuentas. Desde ese momento el Partido Popular y Los Verdes las presentaron en tiempo y forma, incluyendo extractos de cuenta y recibos, mientras que PSOE y APTCe aportaron una documentación mucho más sencilla y con escasos datos porque entendían que la legislación no les obliga a más. En el caso del Partido Popular los desembolsos, mucho más importantes que el resto de grupos al recibir más cantidad por su representatividad en la Corporación en aquel momento, se concentraban durante la época electoral y se justificaban en acciones de promoción de la gestión municipal. Todas las formaciones justificaban un desembolso importante sobre el total en servicios jurídicos.
