El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), anunció ayer que la semana que viene se celebrará el pleno para debatir y aprobar la municipalización de la recogida de residuos, eliminación en vertedero, la limpieza viaria y de playas. Como paso previo, este viernes, se realiza la comisión informativa de servicios, en la que todos los grupos tendrán acceso a los informes que avalarían la decisión del gobierno de izquierdas de que se gestione por el municipio y no por una empresa.

El equipo de gobierno, y en especial el alcalde, lleva trabajando en este proyecto prácticamente desde que tomó posesión en el cargo en junio pasado. Necesita sacarlo adelante para aprobar los presupuestos de 2016. No se les puede dar luz verde sin que se contemplen las partidas previstas en esas cuentas necesarias para inversión en logística y maquinaria para este servicio.

«El gobierno de la ciudad ya ha resuelto parte de la municipalización del contrato de las basuras», aseguró Dolón en un archivo de audio difundido por su gabinete de Prensa, que tenía el claro objetivo de trasladar seguridad a la opinión pública, frente a las afirmaciones del PP de que no existe el aval de los técnicos para plantear esta compleja propuesta. La comisión de Servicios se celebrará el viernes y en función de los votos del dictamen se pasará a convocar el pleno extraordinario «con la suficiente antelación» para que no sea con carácter urgente -y todos los grupos tengan opción a estudiar y preparar las propuestas a la sesión. «Ahí entraremos en contacto y en discusión con todos los grupos de la oposición para dar la mejor salida a uno de los servicios más importantes de la ciudad, tanto en cuantía de gasto como en calidad de servicio de Torrevieja».

Polémica

Actualmente, el contrato de las basuras lo desarrolla Acciona tras una polémica adjudicación en 2004 por la que terminó condenado a tres años de cárcel el exalcalde Pedro Hernández. El municipio quiere realizar la gestión directa porque considera que es una opción más económica -el servicio actual cuesta 17 millones de euros, anuales, según el gobierno, 15 según el PP- y disipa las sospechas de corrupción sobre cualquier procedimiento multimillonario que deba adjudicarse a una empresa. El gobierno local asegura que los 200 trabajadores se subrogarán con las mismas condiciones, algo que pone en cuestión la oposición del PP. El pentapartito necesita al menos un voto de las dos ediles de Ciudadanos para obtener la mayoría absoluta a su proyecto.