Bravo admitió que Orihuela debe cobrar por haber construido los actuales juzgados aunque recordó que esta cuestión «tendría que haber sido resuelta antes. Es muy difícil de entender que dos instituciones, antes de poner en marcha las obras, no pusieran las obligaciones de ambas. Es mas, no alcanzamos a comprender que no haya documentos (de la operación), pero hay que mirar al futuro y a la resolución de los problemas. La voluntad es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y asumir los costes de la valoración que los peritos hagan».