La Policía Local de San Miguel de Salinas ha levantado durante los cinco últimos meses numerosos informes advirtiendo del movimiento de tierras en el terreno rústico de Cabezo de la Mina- Finca Lo Zafra, de los que dio traslado tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria de Medio Ambiente o al Seprona de dos municipios, sin que ello supusiera una pronta resolución de las supuestas irregularidades que se habrían cometido en una zona próxima a los nidos de búhos en Sierra Escalona por los propietarios que carecen de licencia para estos trabajos y que, como ha publicado INFORMACIÓN, pretenden construir un campo de tiro en la zona.
El primer informe policial advirtiendo del movimiento de tierras se elaboró el 20 de noviembre de 2015. En él se explicaba que se habían roturado unos terrenos, arrancando los pinos existentes y amontonándolos en varios montones diseminados y de considerable altura. Los agentes tuvieron que informar de ello también al 112 y se solicitó la personación de los Bomberos de Torrevieja para proceder a su extinción porque se había producido un fuego que en cualquier momento se podía descontrolar. Los agentes hicieron ya constar la ausencia de un encargado de quemas y de medios de extinción. «Gracias a la rápida actuación policial y la de Bomberos, se evitó una tragedia en la zona protegida del Cabezo de la Mina», se asegura en el informe.
A partir de esa fecha, se fue observando por los agentes labores de desbroce y roturación del terreno de forma continuada con varios tractores y una máquina buldócer. «Por todo ello, se hizo constar la degradación del terreno y paisaje urbanístico del paraje Cabezo de la Mina, incorporando informes fotográficos a lo largo de los cuatro meses de actividad. Se elaboraron informes policiales en cada turno de servicio por las diferentes patrullas; así como, innumerables actas redactadas por parte del agente encargado de la vigilancia en el Departamento Urbanismo». Dichos hechos fueron notificados «desde el primer instante» a los funcionarios de la Consellería de Medio Ambiente, patrullas del Seprona de la Guardia Civil de los municipios de Guardamar del Segura y Orihuela.
Además, la Jefatura de Policía Local elaboró entre diciembre y marzo tres denuncias a la Consellería de Medio Ambiente, por infracciones forestales graves de roturación y vulneración de zona protegida en el catálogo de bienes protegidos. A ello se suman las denuncias por parte de la Asociación de Vecinos de San Miguel y de los Ecologistas de Sierra Escalona. El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas con fecha 22 de enero incoó expediente de restauración de la legalidad urbanística por estas actuaciones, «en curso de ejecución, sin licencia, orden de ejecución o declaración responsable», según la información a la que ha tenido acceso el periódico.
El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas firmó entonces un decreto de paralización y suspensión de todas las actuaciones en dicha parcela, con fecha 8 de abril, pero «del mismo no se realizó notificación alguna ni al propietario del local ni al jefe de la Policía Local ni a la Concejalía de Obras», se explica en un informe. A pesar de ello, el jefe de Policía procedió a comunicar los hechos al Seprona y a dar instrucciones en cada turno de trabajo para que se elaborase un informe detallado con fotografías, para observar la degradación que se pudiere producir en la Finca Lo Zafra en tanto en cuanto pudieran actuar.
Notificación
Durante el segundo fin de semana de abril el promotor o bien el propietario, al no tener notificado por escrito la paralización continuó con las labores de desbroce y roturación de terreno. A continuación, el 11 de abril, se firmaron las notificaciones de forma digital pero se siguió sin informar de ellas, «ni por escrito ni en llamadas telefónica, por lo que la roturación siguió» en dicha parcela.
Esa tarde, una patrulla policial realizó una inspección ocular e identificó a los operarios. El responsable de los trabajos le insistió en que seguían sin tener notificación alguna; de hecho, sólo tenían un permiso para quema de rastrojos. Al día siguiente, el jefe de la Policía sí fue notificado y en compañía de la patrulla del turno de tarde procedió al precinto de los accesos de la finca, paralización y cese de la actividad, haciendo acta policial siendo notificado in situ el propietario del solar; que además recogió copia de la notificación municipal. El oficial jefe, Ricardo Rodríguez, lamenta que se haya dudado de su profesionalidad y labor en este asunto.
