Han pasado más de 11 años desde que los antiguos juzgados cerraran sus puertas y la sede judicial se instalará en un nuevo edificio, construido por el Ayuntamiento y pagado por los oriolanos. Once años en los que sucesivos gobiernos del PP, ni hicieron nada, en un principio para determinar cómo los oriolanos íbamos a cobrar del Consell el coste sufragado por el Ayuntamiento, ni, posteriormente, para reclamar la justa reivindicación de que el gobierno de la Generalitat, entonces del PP, cumpliese con sus obligaciones con Orihuela y pagase lo que debía: el precio del nuevo edificio.
En la anterior legislatura, fueron innumerables las gestiones realizadas por el PSOE para intentar llegar a una solución que pasase por la permuta entre los dos edificios y la compensación económica al Ayuntamiento de la diferencia de valor de los edificios. Les aseguro que lo intentamos con uñas y dientes, pero el gobierno «popular» de la Generalitat, no tenía ningún interés y pusieron pega tras pega hasta paralizar toda negociación.
En esta legislatura, los gobiernos de Generalitat y de Orihuela han cambiado de color y han cambiado, también, las actitudes de ambas instituciones. Dónde antes había un Consell cerrado al diálogo, sin ningún interés por escuchar lo que con justicia se pedía desde Orihuela, tenemos un gobierno que desde el minuto cero, manifiesta su intención de dar una solución inmediata, lo dijo el propio presidente en su visita institucional y lo reiteró la consellera de Justicia en su visita a la agrupación socialista oriolana.
En el gobierno oriolano, nos encontramos con un PP, responsable de esta situación, que ni desde la Generalitat ni desde el Ayuntamiento ha hecho nunca nada para solucionar el problema, entonces ¿a qué está ahora decidido? Ante la oferta de diálogo de la Generalitat, el señor Bascuñana se saca de la chistera una nueva petición a la Generalitat: «Señores, lo que yo quiero es que me den el edificio antiguo, porque está construido en suelo municipal y, además, paguen ustedes íntegramente el nuevo» es la famosa reversión. El problema es que el edificio se usó durante más de 30 años para el fin para el que fue donado el terreno y, además, también han transcurrido más de 4 años (plazo que había para solicitar esa reversión desde que dejó de usarse).
El plazo acabó en 2009 cuando en Orihuela y en la Generalitat gobernaba el PP. Entonces ¿a nadie se le ocurrió reclamar la reversión?
Esto es lo que la Generalitat ha contestado en tiempo y forma al señor Bascuñana. PERO, aquí viene la diferencia, nos encontramos una Generalitat que efectivamente quiere solucionar el problema, llegar a un acuerdo, pagar de una vez por todas lo que debe al pueblo de Orihuela asumiendo su responsabilidad. Y por eso, según la consellera Gabriela Bravo, propone al alcalde: «Mire, sus técnicos dicen que la reversión es posible, pero los técnicos de Consellería indican justamente lo contrario: que no existe posibilidad legal alguna. Nosotros lo que queremos es dar soluciones, por eso proponemos algo muy sencillo para acabar con esta cuestión que, al fin y al cabo, no deja de ser una discusión técnica: si legalmente es o no posible lo que solicitan. Por ello, en lugar de entablar un procedimiento judicial largo y costoso para ambas instituciones que dejaría SIN SOLUCIÓN al conflicto mientras se sustanciase, digamos unos diez años, acabemos YA con la discusión y sometámosnos ambos, Generalitat y Ayuntamiento, al dictamen que realice una comisión de expertos técnicos elegidos entre ambos, a modo de solución arbitral. Nosotros, acataremos lo que decida esa comisión de expertos, hagan ustedes lo mismo, si de verdad quieren acabar con el conflicto y dar soluciones».
Esa es la respuesta de Consellería que el señor Bascuñana y el señor Almagro no han querido o no han sabido explicar a los oriolanos porque insisten, en sus declaraciones, en que si no se accede a la reversión se irán a los Tribunales. Señor Bascuñana, entablar una demanda costosa, larga y de resultado incierto ¿es lo que interesa a los oriolanos? Sea usted valiente y acepte la solución propuesta por la Generalitat: si los expertos le dan la razón tendrá usted el edificio antiguo y podrá pedir el pago íntegro del nuevo.
Si no le dan la razón, podrá sentarse entonces a negociar con la Generalitat la permuta de los edificios más una compensación económica por la diferencia de valor. CON ESTO LOS ORIOLANOS NUNCA PIERDEN, sea cual sea el dictamen los oriolanos ganamos porque vamos a obtener, de una u otra manera, la solución de un problema que nunca debió producirse, en el que nos encontramos única y exclusivamente por culpa del PP, los de aquí y los de allí, que siempre estuvieron de acuerdo para que fuera el pueblo de Orihuela el que pagara doblemente aquello a lo que tenía derecho y que NUNCA fueron capaces de sentarse para buscar soluciones a un problema creado por ellos.
Señor Bascuñana, en sus manos está aceptar la propuesta valiente de una Generalitat que, por fin, asume responsabilidades con Orihuela y está dispuesta a encontrar soluciones. Si no acepta una propuesta en la que Orihuela GANA SIEMPRE, y nos embarca en un pleito, pagado por todos, que acabará no se sabe cuándo, ni de qué manera, estará demostrando que no quiere solucionar los problemas de los oriolanos porque le sale más rentable, políticamente, pregonar un inexistente conflicto con la Generalitat que, por primera vez en muchos años, está decidida a cumplir con los oriolanos.
