La portavoz de la junta de gobierno, Fanny Serrano, dio cuenta ayer que se ha aprobado reiterar al órgano consultivo de la Comunidad Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu, una petición hecha hace más de un mes «para que nos informe sobre la aplicación de la normativa en materia de permutas de funcionarios, porque tenemos dos o tres casos muy específicos y especiales con circunstancias excepcionales, que con la aplicación estricta de la norma nos impide llevar a cabo esa permutas». Uno de esos casos, como avanzó este diario, es el de un policía afectado de acoso laboral por parte de los mandos tras denunciar la desaparición de multas, y al que el área de Recursos Humanos le niega la permuta para marcharse de la ciudad porque no han trascurrido los diez años que dispone la ley para realizar una nueva permuta. Incluso la Inspección de Trabajo ha indicado al Ayuntamiento que en casos como éste se trata de salvaguardar la salud del trabajador y debe realizarse la permuta. Los técnicos consideran sin embargo que Inspección de Trabajo no tiene competencia para pronunciarse sobre el ámbito laboral de los funcionarios.
Serrano dijo que lo que se ha solicitado es un informe para ver si cabe una mayor flexibilidad y que pueda desbloquearse esta situación ya que el equipo de gobierno considera que se trata de «peticiones razonables pero que la propia ley nos impide autorizarlas».
Otro asunto que ha estado sobre la mesa ha sido la aprobación por parte de la junta de la convocatoria de autorizaciones de puestos de venta en los mercados ocasionales o de temporada y en el mercadillo del Paseo de la Libertad.
