Pepe Martínez, como todos le conocen en Rafal, es un luchador de 18 años que sufre desde su nacimiento una distrofia muscular degenerativa. Ayer a media mañana se puso delante de un autobús de la compañía Costa Azul, que cubre el trayecto entre su municipio y Callosa de Segura, para obligar a que le permitieran subir para poder acudir a rehabilitación en Callosa de Segura, pero no pudo. Junto a él, su madre, algunos vecinos y hasta el párroco se concentraron en el lugar para intentar hacer fuerza e interceder por su caso. La conductora del vehículo de transporte público, siguiendo órdenes de la empresa, le impidió el acceso porque el autobús no está adaptado para personas con discapacidad. De hecho, la primera vez que lo tuvo que usar, hace una semana, la trabajadora y su madre, Manoli, lo ayudaron, como buenamente pudieron, a realizar el traslado subiéndolo por los peldaños del vehículo uno a uno, según relataba la mujer; después la silla fue al maletero. Ayer la mercantil aseguraba a preguntas de este diario que conocen el caso y que están intentando ponerle remedio porque saben que el joven tiene que ir durante dos meses a rehabilitación pero la legislación no les exige que para estos servicios de transporte cuenten con un vehículo adaptado para discapacitados. «A pesar de ello, estamos poniendo todo el interés para darles una solución», explicó un portavoz.

Pepe no entiende por qué un discapacitado no puede disponer de un servicio público y su madre menos que la Conselleria de Sanidad le denegara previamente una ambulancia amparándose que el joven tiene que acudir a Callosa de Segura para tratarse de un problema de su enfermedad; concretamente, de un hombro que se le sale constantemente. «Cuando tiene que ir a sus revisiones médicas, sí nos ponen una ambulancia, pero para ir a rehabilitación nos la deniegan porque es un problema específico, no la enfermedad», recuerda la progenitora, madre de otro hijo y que carece de medios de transporte privado. Pepe necesita acudir dos días por semana a rehabilitación a Callosa y el pasado martes la conductora ya les advirtió de la prohibición de subir. Ese día asumieron que no podrían ir y ayer, armados de valor, volvieron con vecinos.

Pepe se puso delante del vehículo, paralizando su incorporación al tráfico, y tuvo que acudir un agente de la Policía Local para calmar los ánimos y que permitieran al servicio de transporte público -para todos menos para los discapacitados como Pepe- reanudar su marcha. El policía les recomendó que presentaran una queja que, probablemente, no irá a ningún sitio porque no existe obligación legal de que este servicio cuente con un sistema para subir y bajar sillas con ruedas.

La madre recuerda que aquel billete para ir de Rafal a Callosa de Segura le costó 1,10 euros y para su hijo es un alivio esa hora de tratamiento para una patología derivada de una enfermedad que no le ha apartado de su vida ni un momento. «Sólo se pregunta por qué él no puede tener transporte público como el resto de vecinos», se lamentaba una madre, también coraje, quien recordaba que con esta protesta su hijo ha perdido dos sesiones de rehabilitación.

Ángel Castaño