Orihuela

El fiscal ve ilegal ser alcalde y constructor en Callosa y pide inhabilitar 3 años a Pérez

El Ministerio Público afirma que el exregidor no podía solicitar licencias urbanísticas para beneficiar a su empresa

12.04.2016 | 00:57
Javier Pérez espera el inicio del juicio en el banquillo.

El acusado defiende que estaba en su derecho, que era compatible y que las competencias estaban delegadas. Los técnicos avalan que no hubo trato de favor..

El juicio que sentó ayer en el banquillo al exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez (PP), por un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios quedó visto para sentencia. La acusación ejercida por la Fiscalía Anticorrupción mantuvo su petición de tres años de inhabilitación para ocupar cargo público. El fiscal acusó al político de haber solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento que presidía diferentes trámites a favor de su mercantil Procamper SL, dedicada a la construcción. Sostuvo que se produjo una situación de «incompatibilidad» al compaginar su cargo como primer edil y el de promotor inmobiliario en el municipio, y defendió que Pérez debió de abstenerse a la hora de solicitar licencias al consistorio para su empresa. Por su parte la defensa pidió la libre absolución al estimar que las competencias en materia de Obras y Urbanismo estaban cedidas al concejal Paco Rodríguez y, por lo tanto, el regidor no intervino en ninguna toma de decisiones ni se prevalió de su cargo para obtener beneficios. «No presioné al concejal para obtener ninguna licencia. Hacer esos trámites es un derecho que tiene cualquier persona. No creo que hubiera incompatibilidad y siempre actué convencido de ello», declaró en su defensa Javier Pérez.

La vista oral tuvo lugar en el juzgado de Lo Penal 3 de Orihuela. Los hechos se remontan a 2007, cuando comenzó el segundo mandato de Javier Pérez al frente de la Alcaldía y acordó la delegación de competencias en materia urbanística al concejal Rodríguez. El entonces regidor registró numerosos escritos en el Ayuntamiento para poner en marcha la construcción de una promoción de viviendas. Todas ellas fueron tramitadas por el departamento que dirigía Rodríguez pero, según el fiscal, «aunque Pérez delegó las competencias no hay que olvidar que el titular original de esas competencias era él y en cualquier momento podía recuperarlas», quitándoselas al edil; algo que nunca ocurrió. «No basta con decir que por haberlas delegado pueda realizar actividades privadas que se resuelven en el Ayuntamiento... puede pedir mil licencias como particular, pero no al servicio de empresas privadas».

Para la Fiscalía, «el deber de imparcialidad no sólo es abstenerse (de cursar los trámites), sino abstenerse de realizar actividades privadas siendo alcalde; es decir, no realizar actividades privadas que pudieran afectar al desempeño de sus funciones públicas».

El fiscal Pablo Romero sostuvo que cuando Pérez ya sabía que estaba investigado puso como administradora de la mercantil a su mujer, que poseía el 50% de las participaciones, y nombró a un apoderado. Aun así después de ello siguió pidiendo licencias de ocupación para viviendas a nombre de la empresa. «Se produjo una clara, manifiesta y flagrante vulneración de los deberes de cumplimiento de los principios de objetividad e imparcialidad» al ser alcalde y promotor urbanístico, entendiendo que existió riesgo de que «la actividad privada pudiera afectar a la función pública».

En su defensa, Javier Pérez alegó que «no se dio cuenta» de que fue él quien solicitó las cédulas de habitabilidad cuando era su esposa la administradora. Su letrado respaldó la tesis de que el exalcalde no intervino en los trámites que cursó a favor de su empresa apoyado por la declaración como testigo del exconcejal Rodríguez, quien dijo que él tenía la firma delegada y «Javier nunca intervino».

«No me consta que hubiera ninguna irregularidad», dijo el exedil, quien añadió asimismo que cuando el entonces regidor promovió la construcción de ese edificio las licencias se daban en un plazo corto porque apenas había ya actividad constructora en el municipio.

«No participó en nada»
Fue la siguiente testigo, la secretaria del Ayuntamiento, María Dolores Ramón, quien como fedataria firmó un informe en el que se recogían las declaraciones de los técnicos municipales que apuntaban que Pérez realizó los trámites de forma correcta sin recibir trato de favor. «El alcalde no pudo participar en nada, esos asuntos no pasaban por ningún órgano colegiado y las competencias estaban cedidas», prosiguió. La funcionaria dijo que era normal que los escritos presentados por Pérez se dirigieran a Alcaldía porque así se hace con cualquier trámite en la administración local, aunque luego se deriven a otros departamentos, como en este caso a Urbanismo.

La última pregunta del fiscal a la funcionaria fue si ser promotor inmobiliario podría plantear algún tipo de conflicto con el hecho de ser alcalde, a lo que contestó que «podría plantearlo».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine