Tribunales

Anticorrupción pide apartar de la política al exalcalde de Callosa de Segura, que sigue siendo el presidente local del PP

El fiscal le solicita tres años de inhabilitación para cargo público porque considera que benefició con licencias a una empresa de la construcción de la que era socio aunque quien daba las autorizaciones era otro edil

11.04.2016 | 11:54
El exalcalde, llegando esta mañana a los juzgados de Orihuela

El que fuera alcalde de Callosa de Segura y ahora jefe de la oposición, Javier Pérez Trigueros, se sienta en el banquillo para responder de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, del que le acusa la Fiscalía Anticorrupción y por el que se ha solicitado una pena de tres años de inhabilitación para cargo público. Javier Pérez ha sido uno de los políticos más importantes de la Vega desde 2003, cuando llegó a la Alcaldía que mantuvo durante tres mandatos, además continúa siendo el presidente local de los populares callosinos. El fiscal en su escrito de calificación sostiene que Pérez supuestamente benefició a una empresa de la que era socio en la tramitación de licencias en materia urbanística y ha pedido además una pena de 11 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros. La Audiencia tumbó hace algunos meses un recurso del exalcalde para evitar el juicio.

Javier Pérez ha llegado tranquilo esta mañana a los juzgados de Orihuela donde se está celebrando la vista. El exalcalde mantiene su inocencia y, como ejemplo, en varias ocasiones ha manifestado que es absurdo que se lo condene porque una empresa solicite licencias al Ayuntamiento.

Los hechos por los cuales la Fiscalía le acusa están relacionados con su gestión al frente del gobierno local. El fiscal cree que benefició a una empresa en la que él figuraba como administrador único. La citada mercantil, Procanper, fue constituida en el año 2000 por Pérez junto a su esposa. Y desde esa fecha «el acusado ejerció las funciones de administrador único de la sociedad, siendo quien tomaba las decisiones en el seno de la misma y ostentando además la titularidad del 50% de las participaciones que componían el capital social». La mercantil tenía como objeto social las actividades de urbanización de terrenos, promoción, constitución y venta de todo tipo de viviendas y locales. Según la acusación pública, Pérez Trigueros firmó un decreto en junio de 2007 acordando la delegación de competencias en materia urbanística al concejal Paco Rodríguez, y fue la única cesión a un concejal que comprendía facultades resolutorias, siempre según el fiscal. Éste prosigue que pese a ello, el entonces alcalde registró peticiones en el Ayuntamiento dirigiéndose a sí mismo (al regidor) para pedir licencia de construcción para un edificio o la exención del aparcamiento obligatorio para llevar a cabo las obras, unos trámites que resolvió favorablemente el edil de Urbanismo, que hizo lo mismo en solicitudes posteriores.

Administrador
En diciembre Pérez Trigueros otorgó poderes a un tercero para intervenir en representación de la mercantil, mientras que el entonces regidor dimitió como administrador único y nombró como tal a su esposa. No obstante, y siempre según el fiscal «quien seguía rigiendo los designios de la mercantil y representando a la misma» era Javier Pérez. De hecho, él presentó otro escrito en el Ayuntamiento dirigido a sí mismo para solicitar licencias de ocupación para varias viviendas, aunque ya no era el administrador único de la mercantil.

Pérez siempre ha defendido su inocencia porque dice que realizó todo el trámite conforme a la legislación y, según él, nunca se benefició por su condición de alcalde, algo que asegura que certificó en un informe el departamento de Secretaría. EU solicitó sin éxito excluir a Pérez Trigueros de la lista a las municipales del PP.

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