Análisis

La visita

Políticos murcianos y valencianos cifran en cinco millones de euros lo que supondrá enterrar Proambiente

13.04.2016 | 01:09
La visita

Algunos colectivos vecinales llegaron a calificar el pasado martes de «histórica» la visita que, todos a una, como en Fuenteovejuna, realizaron los responsables medioambientales de dos comunidades –la Murciana y la Valenciana-, de dos ayuntamientos –Abanilla y Orihuela- e, incluso, de una Diputación –la de Alicante- al vertedero de Proambiente, a día de hoy cerrado y que se ha convertido durante los últimos meses en una bomba de relojería ambiental tras su abandono y cierre por falta de clientes, después de haber estado ligado durante años a investigaciones judiciales que van desde la corrupción política de algunos de sus propietarios –caso Brugal- hasta de fraude fiscal –con condenas ejemplares en años de prisión recurridas a día de hoy ante la Audiencia- pasando por supuestos delitos medioambientales que se habrían cometidos en ambas comunidades por los mismos empresarios y que están instruyéndose en los juzgados de Orihuela después de que los de Cieza declarasen su falta de competencia en favor de estos.

Nadie ha criticado –quizá sea por el Síndrome de Estocolmo- la reunión del pasado día 6, de máximo nivel pero que llega tarde, años tarde, para un problema que ha crecido como una hidra por falta de control y no sólo de todas las administraciones que tenía competencia para resolverlo, también de los responsables policiales que nunca vieron nada punible. Lo que era uno de los negocios más boyantes en la Vega Baja, y lo era porque además las basuras supuestamente ni tan siquiera se enterraban en esta comunidad sino en la vecina -de lo que no existe constancia de una autorización, algo que reconocieron en su día responsables de Presidencia murciana a este diario-, se amparaba en la existencia de un vertedero perfecto porque estaba a caballo entre ambas regiones y que, según se mire el pico de El Agudo que hace de linde entre ambas regiones, uno podía decir que estaba bien en Orihuela o en Abanilla para lo que interesara. Para algunas cosas era murciano; para otras, alicantino. Eso, la inteligencia de los abogados que han paralizado o tumbado los recursos contra los expedientes abiertos, cerrados y/o caducados y la laxitud de una administración lenta, pesada, burocratizada al máximo y, quizá, desinteresada, hicieron el resto.

Vertivega, que ha sido la única voz vecinal y social que se ha levantado contra las supuestas irregularidades que se cometían en el vertedero y fuera de él –el enterramiento de millones de kilos de desechos a los pies de la planta, con ríos de aguas negras que supera la tierra y llegan a La Murada son otra historia mucho más grave que sigue investigándose en los juzgados-, destacaba ese martes cómo hasta ocho vehículos, repletos de políticos y técnicos cualificados, acudieron a las instalaciones a ver qué se encontraban.

Dolores de cabeza
Algunos de ellos afirmaban que salieron de allí con dolor de cabeza. Los olores, el metano y los lixiviados son una dulce combinación que afectaba a todos sus sentidos: a la vista, al gusto, al olfato, al tacto... y también al habla, porque ese día pusieron una cifra a lo que supondrá cerrar la instalación en perfectas condiciones de seguridad: cinco millones de euros. Murcia cuenta con el aval de más de 2 millones de euros que la empresa hace un par de años entregó para garantizar la regeneración de un LIC (Lugar de Interés Comunitario) que se había visto afectado por el proyecto de ampliación de dos vasos más, instalaciones que hubieran garantizado el futuro del negocio para toda la actual generación de la familia Fenoll –la propietaria- y de la siguiente.

Valencia, en cambio, tendrá que echar mano de las arcas públicas para sufragar su parte (que no se sabe cuál es porque los tres vasos están en Murcia pero existen otros dos mucho más antiguos en suelo oriolano, aunque ya han adelantado que van a poner 800.000 euros). Este invierno, la Conselleria de Medio Ambiente ya ha tenido una primera toma de contacto sobre el problema al que se enfrenta en la pedanía oriolana cuando comenzó a retirar en mitad de la huerta balsas de lixiviados y terminó por parar los trabajos al constatar que aquello no era cuestión de unas cubas trabajando durante unos días. Nadie sabe ni cuándo se continuará esta labor ni lo que costará, mientras los dueños aseguraban, a través de sus técnicos, hace poco más de año y medio que esas aguas negras no salían de su vertedero, apuntando que eran de las basuras enterradas algo de lo que afirman, no saben nada.

En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el pago por todos los valencianos de ese coste de la regeneración es una condena que, ciertamente, deberían pagarla los responsables o subsidiariamente aquellos políticos que durante años miraron para otro lado cuando el caso Brugal apuntaba a «Proambiente», se repetían las denuncias en los periódicos o las investigaciones policiales y periciales indicaban que existían irregularidades manifiestas que exigían, al menos, una actuación «in vigilando» de la Administración. Pero nada, que se sepa, se hizo.

Gobierno
Las comunidades Murciana y Valenciana también anunciaron esta semana que pedirán ayuda al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente para lidiar con este toro, lo que puede parecer hasta un chiste si se tiene en cuenta que la Unión Europea advirtió hace más de tres años a España de que una serie de vertederos deberían de cerrar porque no cumplían la legislación y uno de los señalados era este.

Tampoco se saber por qué no se ha hecho nada desde Bruselas con este asunto. Hace dos años y en la red social Facebook, cuando «Proambiente» ya había echado al supuesto socio díscolo del consejo de administración –Ángel Fenoll, quien fue el que lo convirtió en un imperio puesto en duda su legalidad por los jueces en varias piezas del caso Brugal en la que se implican a políticos al borde del juicio- y mientras negociaba con la Región de Murcia un nuevo tiempo para el vertedero y los camiones con basura alicantina seguían entrando por La Murada, los responsables de la empresa retaban a Europa a que consiguiera echarles el cierre. De hecho, tenían razón, nunca lo consiguió.

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