La Dirección General de Patrimonio de la Generalitat ha rechazado la reversión de los antiguos juzgados a Orihuela porque considera que lo que plantea el Ayuntamiento es un procedimiento ilegal, según confirmó ayer INFORMACIÓN. Esta negativa es la respuesta y por escrito al plazo de alegaciones que le dio el equipo de gobierno (Partido Popular) dentro del procedimiento abierto hace un mes para recuperar el viejo edificio sin uso desde hace una década y a coste cero aprovechando la figura legal de la reversión al haber dejado de tener el uso para el fin por el cual se cedió al Estado (que a su vez se lo entregó a la Generalitat cuando se produjo el traspaso de competencias). El ejecutivo local aseguró ayer que no tenía constancia de esta contestación pero como había transcurrido el plazo procederían a reclamar el inmueble en los tribunales. El Ayuntamiento de Orihuela (PP) llevará al juzgado al Consell (Ximo Puig, PSOE). Exactamente lo mismo que pasó hace tres años pero con partidos políticos cambiados: el equipo de gobierno oriolano era PSOE y Los Verdes que intentaron un desahucio cuya responsabilidad recaería sobre el entonces presidente del Consell, Francisco Camps, y su conseller de Justicia, Serafín Castellano (PP).
El alcalde Emilio Bascuñana ya recalcó en su día que por esta operación no iba a pagar nada y que, por tanto, se tenía que separar del cobro pendiente de los juzgados actuales que el municipio abonó hace una década pese a que la obligación de su construcción era de la Generalitat en un procedimiento por el cual se espera recibir en las arcas municipales alrededor de seis millones de euros, precio por el que fue tasado. La Generalitat se niega a entregarlo por «la improcedencia legal de la reversión del inmueble al haber transcurrido el plazo de 30 años previsto en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales», dice el informe.
Los servicios jurídicos de la Generalitat recuerdan que el Ayuntamiento cedió el inmueble al Estado el 23 de diciembre de 1971. Por tanto entienden que el plazo legal para solicitar la reversión caducó el 23 de diciembre de 2001, independientemente de que la Consellería adquiriera el inmueble mediante transferencia como «provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia».
6 de abril
Pese a que la Generalitat remitió estas alegaciones el 6 de abril, penúltimo día del plazo, el portavoz de gobierno, Rafael Almagro, reiteraba no haberlo recibido. De hecho, el alcalde se puso ayer en contacto telefónico con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para conocer su postura tras haber expirado el plazo sin respuesta. En cualquier caso, Almagro anunció que la próxima semana se crearía una mesa de técnicos de ambas administraciones para iniciar la reversión. El portavoz insistió que no contemplan otra solución que no sea la reversión, descartando otras opciones que se habían puesto con anterioridad sobre la mesa, como la permuta del edificio más el pago de la diferencia entre unos y otros juzgados. Puig, por su parte, pidió ayer, a través de la portavoz municipal socialista, Carolina Gracia, «lealtad institucional» al Ayuntamiento para «no judicializar el proceso durante 10 años sin dar soluciones y desaprovechando que es la primera vez que desde la Conselleria hay voluntad de llegar a un acuerdo. La única vía es la negociación».
En cambio, Almagro reiteró que «hablamos de dos procedimientos distintos. Por una parte la devolución de los antiguos y por otra los nuevos. En cuanto a la primera, la única vía es la reversión; y en la segunda, sí que estamos dispuestos a negociar que, si no quieren pagar el edificio, este siga siendo de titularidad municipal pero la Conselleria abone un alquiler. Sería la primera vez en diez años, así que yo creo que ya está bien», apuntó y quizá olvidando que, hasta ahora, era el gobierno regional de su partido era el que se había negado a dar soluciones. El edil popular reiteró las ventajas para las arcas municipales que acarrearían esta decisión, pues «el Ayuntamiento pasaría de pagar alquileres de locales a cobrar por ellos».
