Las obras de desmonte y roturación del Cabezo de la Mina en el paraje de Lo Zafra, que se realizan sin licencia y sobre suelo forestal protegido en el Plan de Acción Territorial de la Comunidad Valenciana en las inmediaciones de Sierra Escalona desde hace semanas están afectado a un yacimiento arqueológico datado en la edad de bronce, 1500 años A. C., según un informe rubricado por un arqueólogo experto en estos restos, que se ha adjuntado a las denuncias realizadas en las últimas semanas.
Este escrito se ha sumado a las reiteradas denuncias de la Asociación de Amigos de Sierra Escalona y de la Asociación de Vecinos «San Miguel Arcángel» al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, los agentes ambientales de la Generalitat y al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Unas denuncias, que como recogió este diario, alertan además con otro informe de un técnico ambiental de la existencia a menos de cien metros de la cría de una pareja de búho real, que habita en el entorno desde hace 7 años, e incluida dentro del área de campeo de una pareja de ratoneros, búho chico y águila perdicera y zona de tránsito de mamíferos como el gato montés y la gineta.
El escrito del arqueólogo argumenta que la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano establece que para la remoción de tierras donde se presuponga la existencia de restos arqueológicos los promotores de las obras deben aportar un estudio previo firmado por técnico a la Consellería de Cultura y los ayuntamientos, por su parte, no podrán otorgar el permiso de obras sin la aportación del estudio y la autorización previa de la Consellería de Cultura.
Interés
El Ayuntamiento aseguró que había dado orden de paralización pero el desmonte continúa según los denunciantes. La actuación pretende llevar a cabo un campo de tiro de grandes dimensiones junto al paraje protegido, conocido por el interés ecológico de las especies de aves rapaces que alberga. En la única licencia que sí está autorizada, la de roturación y vallado de una zona de suelo agrícola anexa, no se especifica este proyecto. Cualquier actividad urbanística más allá del vallado en suelo agrícola no urbanizable exigiría la propiedad de más de diez mil metros cuadrados y una declaración de interés comunitario que debe informar el Ayuntamiento y después la Generalitat tras un complejo proceso de tramitación que se suele prolongar durante años.
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de San Miguel insiste en que está intentando hacer cumplir la orden de paralización. Sin embargo, los colectivos conservacionistas insisten en que los promotores se la están saltando. El Consistorio asegura además que no cuenta con medios técnicos para verificar sobre el terreno si la zona sobre la que actúa la maquinaria pesada es la forestal o el suelo agrícola y se ha dirigido a la Generalitat Valenciana para que actúe o les asesore en esa materia.
Los denunciantes sospechan que los promotores quieren actuar, como otras tantas ocasiones en este término municipal, por la vía de los hechos consumados, ante la pasividad de la administración local. «Sólo nos falta ponernos enmedio para parar las obras», señalaron las mismas fuentes.
