El coste de la restauración medioambiental de los terrenos en los que se ubica el vertedero de Proambiente, emplazado entre Abanilla y Orihuela, ascenderá a cinco millones de euros. La inversión económica se cubrirá con cargo al aval y las garantías entregadas en su momento por la empresa al ejecutivo murciano, según anunciaron fuentes del mismo. Pero ese importe no será suficiente para reparar el daño ecológico que la actividad de la planta de residuos ha provocado supuestamente en el entorno. Por ello, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han acordado solicitar apoyo económico al Ministerio de Medio Ambiente. Pretenden así atajar de forma urgente el peligro que supone la emisión descontrolada de gases como el metano y las fugas de lixiviados que se extienden a varios kilómetros a la redonda y que provocan igualmente un olor insoportable para los vecinos.

Después de varios años viendo como la contaminación del vertedero ha ido arrasando decenas de hectáreas de terreno, fue ayer cuando, por fin, se produjo una reunión a cinco bandas para intentar hacer frente a este grave problema medioambiental que afecta de lleno a ambas comunidades autónomas. Fue la primera vez que políticos murcianos y valencianos visitaron de forma conjunta la planta de desechos y acordaron trabajar mano a mano para buscar soluciones. A esa reunión asistió el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, y su homóloga murciana, Encarnación Molina, así como representantes de la Diputación alicantina, de los ayuntamientos de Orihuela y Abanilla, y del colectivo ecologista Vertivega.

Bombas hidráulicas

Para aplicar ese plan de regeneración medioambiental lo primero que se está haciendo es retirar los lixiviados acumulados en los vasos de vertido, de los cuales se han extraído ya cerca de 8.000 toneladas de líquido contaminante procedente de la descomposición de la basura. En los próximos días se incrementará todavía más la retirada de lixiviados con la puesta en marcha de un sistema de extracción mediante bombas hidráulicas que forma parte del proyecto con el que Murcia pretende realizar el proyecto de restauración del vertedero. En este sentido Encarnación Molina explicó ayer que ya está finalizada la adaptación del proyecto técnico de sellado, remodelación y restauración vegetal de los vasos 1, 2 y 3 y el proyecto de dirección de obra, seguridad y salud, con un coste estimado que puede llegar a dos millones euros. El alcalde de Abanilla, Ezequiel Rafael Alonso, detalló que se prevé habilitar igualmente una balsa con capacidad para 50.000 litros de lixiviados ya que cuando se inicie el proceso de sellado habrá que ir retirando grandes volúmenes de ese líquido.

El director de Calidad Ambiental de la Generalitat informó asimismo que se ha reservado ya una partida de 800.000 euros «para comenzar los trabajos sobre el terreno de mejora ambiental y sellado de la zona, en el marco de un plan autonómico». Asimismo, dijo que la Conselleria «va a implicar al Consorcio de residuos A6 y a la Diputación de Alicante para dar una solución global a esta problemática».

Joan Piquer destacó que la Generalitat ha destinado ya 17.734 euros a extracciones de lixiviados de la zona de La Murada en Orihuela y su traslado a la depuradora de Crevillent, limpiando un total de 338.000 litros que se encontraban esparcidos por la zona de campo de territorio alicantino.

La reunión mantenida ayer en Abanilla, que tuvo carácter técnico, se produjo por encargo de les Corts Valencianes a través de una proposición no de ley mediante la que se instaba al gobierno murciano a aplicar soluciones para afrontar todo este asunto en colaboración con la Generalitat. Sorprendentemente, las instituciones reunidas ayer acordaron, después de varios años siendo conscientes de este grave problema, «comunicarse entre sí y a los juzgados cualquier actuación para la reclamación económica del coste de las actuaciones a la empresa infractora, Proambiente». Piquer recordó que la Conselleria ya está personada en el juicio contra Proambiente en Cieza y en Orihuela; mientras que el gobierno murciano anunció que se personará, por primera vez, como acusación particular por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente frente a Proambiente.