Ordenar a los 700 trabajadores del Ayuntamiento de Orihuela es una tarea tan difícil e ingrata que no ha habido gobierno municipal capaz de hacerlo o, el que lo ha intentado, lo ha dejado a medias. La suma de costes salariales, que algunas fuentes elevan al millón de euros y otras lo dejan en la mitad, o la reticencia de determinados grupos de funcionarios, caso de la Policía Local, que no saldrían ni mucho menos beneficiados con el plan de choque que hay que acometer, son algunas de las causas que justifican esta anomalía desde hace dos décadas sin querer entrar a valorar la ventaja política que puede suponer que casi dos de cada tres trabajadores municipales no tengan garantizado su puesto porque son interinos y están sujetos a los vaivenes de las decisiones de los concejales, algo que no sucede en ningún ayuntamiento de la provincia ni, probablemente, de España en un porcentaje tan elevado.
Los cuatro últimos años, en los que el Gobierno ha paralizado el ingreso de nuevo personal al decretar la congelación de la oferta pública de empleo, y las bajas por jubilación que se han dado y se van a seguir dando, han terminado de complicar y mucho el organigrama de trabajo del Ayuntamiento de Orihuela, con un déficit importante en el cuadro de mando; es decir, de funcionarios de alto grado que son los responsables de garantizar con sus informes la estabilidad municipal.
Buena parte de la labor recae desde hace años sobre técnicos interinos que han terminado por presidir mesas de trabajo con tanta importancia como la de Contratación. Y esto es un esfuerzo innegable en personas que siguen sin tener garantizada su plaza, lo cual no es ideal si se pretende que la estabilidad laboral suponga, al mismo tiempo, una libertad a la hora de la toma de sus decisiones porque ocupan los puestos de mayor responsabilidad y, consecuentemente, sin tener por qué soportar tensiones o presiones políticas.
Exigencias
El concejal de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, exigió para dar su apoyo a los presupuestos de 2016 que estuviera contemplado en el mismo el coste de la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, el organigrama que fija cada uno de los puestos y vacantes y cómo deben de cubrirse. Lejos de ser un capricho, ordenar a 700 trabajadores, decir cuántos sobran y en qué departamentos hay deficiencias, no es tan difícil como pueda parecer porque desde hace años también se han hecho informes, en algunos casos externos, recomendando cómo debería ser esta organización. Quizá por el hecho de que son un cuerpo aparte del resto de funcionarios, en la Policía Local es dónde las cosas parecen más fáciles, pues cuenta con 190 funcionarios de los cuales 162 son agentes y 27 mandos, aunque aún quedan por cubrir algunas vacantes, como la de intendente principal, cargo que cubre de forma interina desde hace años José María Pomares.
Otro departamento que parecía resuelto hasta hace unos días es el de los habilitados nacionales, cubierto de forma sorpresiva durante el pasado mandato porque pasó de tener sólo dos con plaza a cinco, cubriéndose entre ellas las dos del área económica: Tesorería e Intervención, lo que ha supuesto un drástico cambio de rumbo en las cuentas municipales y una forma de gestión que no ha gustado por ser mucho más exigente y quizá legalista de cómo se venía haciendo hasta ese momento. Ahora bien, la tesorera, Cristina Serrano, acaba de anunciar su marcha, que se producirá antes de tres meses, lo que vuelve a dejar vacante una de las plazas claves en el organigrama de mando municipal.
Una de las áreas donde más problemas hay son en las brigadas, porque hay más de un centenar de trabajadores, pero la media de edad es muy elevada para unos puestos que son de mucho trabajo en la calle y esfuerzo y las bajas han aumentado sin que exista un necesario rejuvenecimiento de la plantilla.
En otro orden de cosas, la base del Ayuntamiento de Orihuela cuenta con cerca de 200 trabajadores más de los que prácticamente la mitad (91) son auxiliares, un 30% son conserjes (59) y un 15% administrativos (17).
El Ayuntamiento tiene que fijar para cada uno de ellos el sueldo y realizar en esa RPT una valoración del complemento específico y de destino lo que, también es cierto, reducirá buena parte de los sobresueldos que se pagan a más de un centenar de trabajadores desde tiempos inmemoriales, en algunos casos, porque llevan años ocupando cargos de superior categoría sin que eso se pueda justificar de otro modo.
El objetivo debe pasar por un mantenimiento de sueldos pero, principalmente, por saber cuántas vacantes y dónde están y, también, qué se hace con esas 400 personas que trabajan sin plaza fija.
