La Generalitat Valenciana ni tan siquiera ha entrado al fondo del plan especial para remodelar la fachada portuaria que el exalcalde Eduardo Dolón tramitó durante los últimos meses de su mandato en 2015, a sabiendas, según asegura el gobierno municipal de izquierdas, de que no podía contemplarse. La concejala de Urbanismo de Torrevieja, Fanny Serrano, (PSOE) aseguró ayer que el PP ha estado vendiendo «aire» durante dos años con el denominado plan especial del Puerto. Así lo atestigua una resolución de la comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat que dice textualmente: «no ha lugar» que informe sobre la propuesta de ese plan especial. «Porque no hay nada de lo que informar», aseguró Serrano.
El plan especial era una propuesta municipal para transformar los usos del recinto portuario y abrir la ciudad al mar, con espacios comerciales y de esparcimiento. La resolución que ha recibido el Ayuntamiento ahora es la respuesta a la solicitud que hizo el anterior equipo de gobierno del PP de evaluación ambiental estratégica a ese plan especial. La resolución dice que «no ha lugar pronunciarse en este momento sobre la existencia o no de efectos significativos sobre el medio ambiente, dado que el Plan Especial del Puerto de Torrevieja, de acuerdo con lo que allí se señala, no es compatible con las determinaciones de la Administración Autonómica en materia de puertos».
Expediente
La delegada de Urbanismo explicó que «incluso días antes de haberse abierto el expediente en el Ayuntamiento el PP ya estaba vendiendo algo inexistente en rueda de prensa», algo achacó a un «interés electoralista». «Habían empezado la casa por el tejado» ya que el plan especial no podía tramitarse porque no se adapta a las Directrices de Uso de Espacios Portuarios (DEUP). Directrices que se están elaborando ahora y que se recogen en la Ley de Puertos de la Generalitat y que debe establecer la dirección General de Puertos. Primero se tienen que crear las DEUP y luego abordar el plan especial. En opinión de la edil «era imposible que se tramitara y evaluara ambientalmente un documento en el que «se estaban invadiendo competencias de otra administración, en el que se pretendía regular unos bienes que no son de titularidad municipal, algo que resulta inconcebible».
La concejala Serrano aseguró que lo que hizo es un avance para la evaluación ambiental y un preproyecto «sin ningún tipo de validez, con el que han hecho perder mucho tiempo y el trabajo a los técnicos municipales por la voluntad de sacar un rédito electoral, no tiene otra explicación» a sabiendas, políticos y técnicos, de que no iba a ser evaluado por el Consell.
