El Ayuntamiento de Orihuela arrastra de otros mandatos una deuda de algo más de 2,4 millones de euros por 18 sentencias en firme tras haber agotado los recursos posibles y ser ejecutorias. En su mayoría, se trata de resoluciones que llegan a la junta de gobierno para que se dé cuenta de las mismas y acordar el pago después de largos procedimientos que los responsables municipales muchas veces han dilatado a sabiendas de que no había nada más que ganar que tiempo. El hecho de defender el bien público hasta el final del procedimiento es un excelente argumento mientras los abogados de los demandantes se frotan las manos esperando pasar minutas que irán engordando. De este modo, también es cierto que cuando la resolución es firme es más que posible que haya otro político que la tenga que pagar y nadie se acuerde del que tomó la decisión de recurrir.
Rara vez los municipios informan de las sentencias que pierden y menos de los intereses que se van generando desde la primera resolución desfavorable. Los intereses son una parte muy abultada de la factura porque la Administración de Justicia fija altos porcentajes para evitar esta práctica, que los procedimientos se alarguen y, al mismos tiempo, para aliviar la carga de trabajo de los tribunales de segunda lectura que no ven muchas veces ni un argumento de fondo que justifique el recurso. Sólo que cumplen la forma de estos.
De esas 18 sentencias condenatorias más de 460.000 euros son por pago de intereses; es decir, la quinta parte. El edil Rafael Almagro (Partido Popular) aseguró que hay que hacer frente cuanto antes y dijo que no quedará otra que solicitar un préstamo -otro más- en la historia del Ayuntamiento de Orihuela, que arrastraba más de 23 millones de deuda reconocida (no se incluía la judicial) hace sólo cuatro años y tuvo que refinanciarla a través de un Plan de Pagos que puso en marcha el Ministerio de Hacienda. La solución generará más intereses -ahora bancarios- pero a cambio, se garantizará la disponibilidad inmediata del dinero a través de una fórmula que evita una sangría de hoy para mañana de las arcas públicas y más cuando ni se había hecho previsión de gasto en los presupuestos anteriores, que llevan cuatro años prorrogados
No sería descabellado decir que muchas veces desde el día que el Ayuntamiento genera una deuda a través, por ejemplo, de una expropiación -hay hasta cuatro en el capítulo más importante porque suman 1,3 millones de euros- y el abono final pasan más de 20 años. Pero estas sentencias no son las únicas pendientes de abono porque el Ayuntamiento tiene otras que colean en los juzgados y que no han llegado a esta fase última, la ejecución. Sería el caso de la reclamación de Urbaser por el desistimiento del contrato de las basuras en 2007 y que supondrá unos 7 millones de euros para el municipio. Según Almagro, esta aún no ha llegado, pero llegará.
