El alcalde de Rafal, Manuel Pineda, aseguró ayer que no ha llegado ninguna multa al Ayuntamiento en relación a una sentencia mediante la que se condenó al consistorio a pagar 500 euros cada 20 días por no ejecutar una fallo judicial dictado en junio de 2007, motivado por la denuncia de un propietario de una parcela del polígono que no estaba de acuerdo con el proceso de reparcelación.
Pineda explicó que «cuando en 2011 el grupo socialista llegó al gobierno se encontró con numerosos problemas relativos a la urbanización del polígono que se han tenido que desenredar durante estos años». Dijo que contra el proyecto del polígono industrial se interpuso un recurso contencioso por uno de los propietarios y la sentencia indicó que se debía rectificar la reparcelación para incluirle una serie de derechos. «Así se comunicó al urbanizador, quien realizó la rectificación oportuna con valoración positiva de los técnicos municipales y posteriormente se dio traslado al juzgado».
«En la actualidad, la sentencia está ejecutada y los servicios jurídicos de Diputación, que llevaron el pleito, no han comunicado que tengamos ninguna sanción», concluyó el regidor.
