Greenpeace ha presentado una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil en la que mantiene que la empresa Residuos Sólidos Álvarez está realizando de manera supuestamente «ilegal» el almacenamiento y transferencia de residuos sólidos urbanos e escombro procedente de la construcción, en su instalación situada en la «Vereda de las Puntas» de Orihuela, junto a los tubos del trasvase. El colectivo indica que la parcela no cuenta con licencia de apertura del Ayuntamiento de Orihuela, y además está ubicada en un suelo cuyo uso no es compatible con el Plan General, -no es urbano ni urbanizable-. Greenpeace también ha trasladado la situación al Ayuntamiento -que asegura no tener constancia del escrito, ni de la denuncia- y a la Confederación Hidrográfica del Segura.

La misma fuente argumenta también que la actividad no tiene la autorización por la Conselleria de Medio Ambiente como instalación de tratamiento de residuos, almacenamiento y valorización, y que estaría incumpliendo la Ley de residuos de la Comunidad Valenciana del 2010 y la del 2011 referente a residuos y suelos contaminados. Además, asegura «resulta especialmente preocupante» el supuesto «vertido de lixiviados», fruto del desarrollo de la actividad; y mantiene que la instalación «no cuenta con rejillas receptoras de los lixiviados generados en las zonas de acopio de basura ni «con tratamiento depurador adecuado que garantice el correcto tratamiento del lixiviado».

La zona donde se almacenan los residuos no se encuentra techada y hay un orificio en la pared sur, por lo que los lixiviados acaban -siempre según la denuncia presentada y que adjuntan-en un azarbe colindante. Un vertido, dicen, que incumple también el texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público.

Advertencia

Greenpeace ha sumado al escrito del Ayuntamiento de Orihuela y la CHS, una misiva a los ayuntamientos de Bigastro, Benferri, Algorfa, San Miguel, Los Montesinos, Benejúzar, Benijófar, y el Hospital Vega Baja exigiendo que controlen la actividad de la empresa con la que tienen contratada la gestión de residuos. Los ecologistas han solicitado a los ayuntamientos de esos municipios que, teniendo en cuenta que ellos son los titulares de los residuos desde el proceso de recogida hasta su eliminación, realicen las comprobaciones oportunas a la actividad en las instalaciones donde se están desarrollando