El exalcalde de Callosa, Javier Pérez, ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que aporta el expediente de contratación de la red wifi municipal realizado en 2010 y que fue adjudicado a una empresa participada por su hermano con un coste de 90.000 euros. El exregidor asegura haber entregado toda la documentación que existe sobre este asunto para que se investigue y se demuestre «que todo se hizo conforme a la legalidad». Con este decisión quiere acabar con la «caza de brujas» que está sufriendo por parte del equipo de gobierno, que según él está sembrando dudas sobre posibles irregularidades y le está causando un «gran perjuicio moral, social y familiar».

Pérez explicó ayer que ha adoptado esta medida después de que el equipo de gobierno, y en particular el edil de Hacienda, Rubén Manresa (EU), haya intentado en varias ocasiones adoptar un acuerdo de pleno para derivar la adjudicación de esa red wifi a la Fiscalía; un asunto que el exregidor no acaba de entender dado que para presentar esa denuncia en Anticorrupción no es necesario adoptar ningún acuerdo plenario, pues basta con denunciar esas supuestas irregularidades. No obstante, Pérez cree que esas maniobras están sirviendo para generar debate social en torno a este tema y, de alguna forma, dañar su imagen mediante una estrategia de descrédito.

El exalcalde dijo que solicitó en dos ocasiones acceder al expediente de contratación de esa red wifi, una vez el 25 de enero y otra el 29 de febrero. Pues bien, según mantuvo, la segunda vez que lo vio encontró casi el triple de documentación que la primera. Este hecho le lleva a «sospechar» que el expediente puso ser ·manipulado para sembrar dudas o causarle un perjuicio moral y social». A este respecto Pérez recordó que el edil de Hacienda dijo hace dos meses que en ese expediente existían «numerosas irregularidades que podrían ser constitutivas de delito». Pues bien, según el exalcalde «sorpresivamente» la segunda vez que tuvo en sus manos el expediente éste incluía, esa vez sí, toda la documentación que demuestra que el trámite fue correcto, a pesar de que el concejal de Hacienda «decía que no existían informes de secretaría e intervención. Resulta que sí estaban, y el documento con la puntuación final de cada empresa que no estaba, luego apareció».

Así, explicó que durante la adjudicación de ese contrato él «no formó parte de la mesa de contratación» y que, además, según la orden de Conselleria se debía de adjudicar mediante procedimiento de urgencia», algo que también puso en duda el tripartito.

Javier Pérez dijo que la empresa de su hermano ha sido contratada en numerables ocasiones desde el año 2000 hasta el 2010 como proveedora del servicio de telecomunicaciones del municipio, por lo que «no es extraño que fuera una de las invitadas al concurso público» mediante el cual se adjudicó el contrato. «Creo que la intención no era llevarlo a Fiscalía, sino seguir perjudicándome desde el punto de vista político, personal y familiar. Una vez que se aclare la legalidad de la contratación denunciaré la campaña de descrédito a la que he sido sometido e iré hasta el final, cueste lo que me cueste», zanjó el exregidor.