El Ayuntamiento de Torrevieja tiene «en el bolsillo», dispuesto para el gasto, 23 millones de euros. Ese es el resultado del remanente líquido de tesorería que ofrece la liquidación presupuestaria del ejercicio de 2014, según informó el concejal José Hurtado (Los Verdes) a preguntas de INFORMACIÓN. La ley de Estabilidad y la de Racionalización de la Administración, aprobadas por el Gobierno de Rajoy en lo peor de la crisis imponen que el primer destino de ese remanente debe ser el abono a los proveedores que realizaron servicios sin contrato, sin partida presupuestaria o ambas cosas. En total, Torrevieja debe emplear tres millones de euros a ese objetivo.
Los famosos reconocimientos extrajudiciales de crédito para cumplir con esas empresas, la mayoría por encargos del anterior gobierno municipal. La misma legislación impone que el remanente se destine a financiar deuda con los bancos en caso que el municipio arrastre una deuda viva equivalente al 75% de su presupuesto. No es el caso de Torrevieja. Y no lo es desde hace años. De hecho, esa liquidación dice que la deuda viva se ha rebajado por debajo del 60%, situándose en el 57%. La traducción: Torrevieja dispuso 100 millones de euros de presupuesto en 2015 y debe 57 a los bancos. Tiene margen de sobra, según la normativa, para emplear el remanente en inversiones «financieramente sostenibles».
Para el gobierno de pacto a cinco partidos que gestiona el Ayuntamiento esas inversiones se deben destinar al proceso de municipalización de la recogida de residuos y la gestión, también de la administración local, del transporte urbano.
Ambas se mantienen en manos de empresas -Acciona, en el caso de las basuras, que tras cumplir diez años de adjudicación, acaba su segunda prórroga de un año en junio y Costa Azul que mantiene el servicio de transporte en Torrevieja amparando en sus derechos tráfico sobre líneas interurbanas (algo que, por cierto va a defender en los juzgados si es necesario)-.
Esta cifra de remanente es espectacular. Lo es no solo por el reflejo de ingresos del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en las transacciones (plusvalías), también porque el municipio se desprendió en 2015 del grueso de la pesada carga del pago de expropiaciones a particulares -suelos que el PGOU impuso que se destinaran a uso público aunque estuvieran en manos privadas- que durante los tres ejercicios anteriores fagocitó cualquier margen de inversión. Se han pagado casi 40 millones de euros por orden judicial de ejecución de sentencias de pleitos que se acumularon durante la pasada década, bajo mandato del alcalde Pedro Hernández. Abonos que tuvo que asumir con amenaza de multa el anterior alcalde Eduardo Dolón.
El concejal de Hacienda José Hurtado indica que nadie debería ponerse medallas de este abultado remanente positivo. Recuerda que los recortes desde el ejecutivo central impiden desde hace más de cuatro años realizar inversiones en la creación de empleo público. Algo que se suma al resultado de un incremento escalonado durante diez años de la presión fiscal sobre los propietarios de viviendas desde la revisión catastral realizada en 2004, en el momento en el que los precios de los inmuebles estaban influidos por el boom inmobiliario. En el mismo caso está la plusvalía, y que se calcula, con entre otras variables, el valor catastral. Ese saldo positivo de tesorería sería todavía más generoso para las arcas municipales, hasta alcanzar los 28 millones de euros, si no se descontara a la hora de realizar el cálculo las deudas de contribuyentes de dudoso cobro y exceso de financiación.
