No hay margen de maniobra. El gobierno de los cinco partidos se ha impuesto un margen de cinco semanas para sacar adelante el pleno en el que se pretende aprobar el proceso de municipalización del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria y de playas y justo después aprobar el anteproyecto de presupuestos. Y que todo esté resuelto a mediados de abril. Casi es una obviedad que la oposición mayoritaria del PP recurrirá las cuentas por lo que el programa de gastos e ingresos de 2017 deberá resolverlas en otro pleno para que sean definitivas. Además se da por hecho el apoyo a esas dos decisiones vitales para la gestión municipal de las dos ediles de Ciudadanos a los once concejales del gobierno para lograr la mayoría absoluta necesario -solo es necesario uno de los dos votos, dado que el PP cuenta con 12 ediles-. Pero ese respaldo no está, ni mucho menos, garantizado por la formación naranja que sigue sin salir una situación interna convulsa, pendiente de la creación de una gestora, supuestos expedientes informativos y con sus dos ediles Pilar Gómez y Paqui Parra, que siguen haciendo política por caminos distintos pese a que toman decisiones en conjunto en el pleno.

Un cálculo optimista para el gobierno de izquierdas sería disponer de las partidas presupuestarias para cada una de las concejalías a principios de mayo. La cifra global de ingresos y gastos no sería muy distinta a la que se gestionó en 2015. En torno a cien millones de euros, quizá algo más contando con el remanente de tesorería que en este caso no va destinado a expropiaciones.

El concejal de Hacienda José Hurtado reconoció ayer que el presupuesto debe estar cuanto antes porque en caso contrario el gobierno se encontrará sin periodo que gestionar. Y esas cuentas se realizarán además teniendo en cuenta, también para las inversiones, que su aplicación se va a ver reducida a menos de nueve meses.