El Ayuntamiento de Daya Vieja, gobernado por Rafa Vives (PP), ha ingresado 500.000 euros en las arcas municipales tras ganarle la batalla judicial al propietario de una finca que se benefició de unos trabajos de urbanización. El proceso se ha librado durante los últimos ocho años y finalmente el Tribunal Superior de Justicia ha fallado a favor del consistorio. El dinero se destinará a cancelar los dos préstamos bancarios que mantiene el consistorio y sólo quedará pendiente de pago el solicitado dentro del plan de pago a proveedores.
Según explicó ayer el regidor, el caso se remonta a 2007 cuando el Ayuntamiento realizó obras de urbanización en el marco de un proyecto de ampliación del casco urbano por su zona oeste. El proyecto para dotar a la zona de expansión de los servicios necesarios se encargó a una mercantil que lo ejecutó de forma correcta. Su coste lo debían de pagar los propietarios de los terrenos emplazados en esa zona pero, según el regidor, uno de los dueños, en concreto la mercantil Urbanizadora Industrial de Torrevieja SL se negó a abonar su parte.
El Ayuntamiento no podía paralizar las obras que sí reclamaban otros vecinos y se vio obligado entonces a solicitar dos créditos bancarios para poder pagar los trabajos realizados «dado que actuaba como agente urbanizador y la empresa que realizó el trabajo tenía que cobrar», explicó ayer Vives.
Mientras tanto, los propietarios de los terrenos optaron por interponer un recurso contencioso contra el Ayuntamiento en 2008, que fue desestimado en primera instancia, en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Elche. Pero la mercantil no estuvo de acuerdo con la sentencia y presentó un nuevo recurso en el TSJ. Cinco años después, en diciembre de 2015, el TSJ falló a favor del Ayuntamiento, y éste solicitó la ejecución de sentencia, lo que ha supuesto que hayan ingresado ahora esos 500.000 euros.
Resolución
El primer edil valoró que esta resolución judicial era muy esperada ya que permite eliminar una parte importante de la deuda municipal, debido a los créditos que el Ayuntamiento tuvo que gestionar para el pago de dichas obras en el año 2007, teniendo que afrontar los intereses correspondientes al largo plazo que ha durado todo el procedimiento judicial.
El regidor se mostró ayer optimista en cuanto a la marcha de la economía de la administración local y valoró que ingresar medio millón de euros para un municipio que ronda los 700 habitantes, el más pequeño de la Vega, ha sido «muy importante».
