La Generalitat asumirá la puesta en marcha de una planta de transferencia de basuras en la Vega Baja mediante una empresa pública -probablemente Vaersa-. El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Comunitat, Joan Piquer, anunció ayer que el Consorcio de Residuos comarcal contará con la colaboración de la administración autonómica para habilitar esta instalación que servirá para derivar la basura de los 27 municipios -247.000 toneladas anuales- con el objetivo de compactarla en camiones de gran tonelaje que la llevarán después a vertederos de la provincia. Según dijo, el plan para ordenar la eliminación de los desechos está prácticamente ultimado y se ejecutará en cuanto se disponga de un informe jurídico que certifique que se puede poner en marcha con la garantía de que un recurso judicial de la anterior adjudicataria del Plan Zonal, la UTE Cespa-Ortiz, no acabe bloqueándolo. Es necesario pues verificar que el anterior proyecto de gestión de las basuras no está en vigor. Una vez salvado ese escollo, sólo quedará elegir el lugar más idóneo para su emplazamiento, algo que por ahora se desconoce y sobre lo que no hay consenso.

La mayoría de los alcaldes o concejales de todos los municipios de la Vega se desplazaron hasta la provincia de Valencia para conocer el funcionamiento de una planta de transferencia y de otra de valorización de residuos que está considerada como una de la más eficientes de la Comunitat. La primera estaba ubicada en Sagunto y consiste en un espacio en el que los camiones de basura vierten los desperdicios y estos van a parar al remolque de un trailer que luego los traslada al vertedero. Habilitar una instalación similar en la Vega se ha convertido en algo esencial desde el cierre de la planta de Abornasa, en Crevillent, que realizaba precisamente esa función. Su clausura ha motivado que los municipios tengan que enviar los camiones uno a uno hasta poblaciones tan distantes como Xixona o Villena, lo que ha multiplicado el coste.

El presidente del Consorcio, Manuel Pineda, explicó que en los próximos días se encargará la redacción de las bases técnicas que precisa esa planta de transferencia de la Vega. La idea de impulsarla con una mercantil de titularidad pública tiene dos objetivos. El primero, ahorrarse el proceso de licitación y poder hacerlo de forma más rápida. El segundo, tratar de evitar perjuicios a largo plazo en caso de que Cespa-Ortiz gane la batalla en los tribunales al Consorcio por rescindir el contrato. Si eso ocurriera y la planta de transferencia estuviera gestionada por una empresa privada, el Consorcio se enfrentaría quizá a una doble indemnización.

Joan Piquer aseguró que ya hay algún municipio que se ha ofrecido a acoger esta instalación, aunque por ahora prefieren no desvelarlo para evitar que se genere otra corriente de rechazo social como la que ya surgió en Cox, Albatera, Almoradí o San Miguel de Salinas. Precisamente ese fue uno de los objetivos de que el Consorcio decidiera llevar a los regidores hasta la planta de Sagunto, para que vieran de primera mano su funcionamiento y convencerles de que una instalación de estas características no genera problema alguno, especialmente de olores. A la visita acudieron igualmente representantes de colectivos vecinales y asociaciones ecologistas. También hubo destacadas ausencias ya que no fue ningún representantes de la localidad más grande de la comarca, Torrevieja, que lo justificó por problemas de agenda. Aunque durante del recorrido de la planta de transferencia no había camiones de basura en la zona, este diario pudo comprobar que se encuentra a escasos dos kilómetros de un núcleo poblacional y, según Piquer, no causa molestias. No obstante, ningún alcalde o concejal de los que ayer se desplazaron hasta las instalaciones dijo alto y claro que estaría interesado en ubicarla en su término.