El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, anunció ayer la apertura de un expediente, del que dará cuenta a la Generalitat Valenciana, para lograr la reversión de la propiedad del solar y el edificio que alberga los antiguos juzgados, frente a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Y lo hizo ocho meses después de que, en una de sus primeras visitas a la Generalitat, intentara desbloquear uno de los asuntos de los que más se había hablado el pasado mandato: la compensación entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana a cuenta de los juzgados, los antiguos -frente a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina- y los nuevos -en la Plaza de Santa Lucía-, que le pagó graciosamente el pueblo de Orihuela, bajo el mandato de José Manuel Medina, a una Generalitat gobernada por Francisco Camps. De aquel asunto se habló tanto entonces que, incluso, el Ayuntamiento llegó a interponer un procedimiento de desahucio del que nunca más se supo.

Bascuñana llegó conciliador en junio a la Alcaldía pero ayer ya aseguró que ambas operaciones seguirán derroteros distintos. Por un lado, y tras consultar con técnicos y juristas, el Ayuntamiento ha abierto un expediente para recuperar la propiedad que cedió en 1971 al considerar que no se cumple el objeto de la donación: que el edificio fuese un servicio público; de hecho, lleva cerrado desde finales de 2005. El regidor aseguró que, aunque han pasado más de 30 años y que el inmueble se transfirió del Ministerio de Justicia a la Generalitat Valenciana tras la Transición, hay jurisprudencia que respaldan la reversión sin que exista una caducidad en los plazos para ejercer la acción. Es decir, Orihuela recuperaría un solar de 890 metros cuadrados, cerrado en el casco histórico y con un excelente edificio mientras el municipio sigue pagando miles y miles de euros en alquileres para oficinas municipales. La apertura del expediente supone que el regidor da por cerrado cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico al respecto con la Generalitat sobre infraestructuras básicas -el lunes ya tuvo otra comparecencia para quejarse de otros asuntos en los que no se le abren las puertas, caso de Sanidad y el centro de salud del Rabaloche-, con lo cual a la Administración valenciana sólo le queda allanarse u oponerse, algo que se verá en cuestión de días pues tiene dos semanas para contestar al mismo.

Bascuñana se mordió la lengua ayer en algunos momentos sobre lo que él ha pasado intentando llegar a una solución por la vía del diálogo con el Consell en este asunto -«la respuesta (que me dio) de la Conselleria no se puede calificar de negociación»- y advirtió que el paso que han dado lo llevarán «hasta sus últimas consecuencias»; es decir, finalmente pueden acabar en un pleito. Lo curioso del caso es que durante los últimos once años; es decir, desde que se cerró la puerta de los juzgados, Orihuela podría haber iniciado el expediente que este equipo de gobierno ha hecho, pero nadie lo hizo. Y parece fácil.