La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de tres años de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez (Partido Popular), por un supuesto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios durante su etapa como regidor del Ayuntamiento (2003-2015). Según las informaciones recabadas por este diario, el fiscal cree que Pérez benefició a una empresa de la que era socio en la tramitación de licencias en materia urbanística y ha pedido además una pena de 11 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros. El juicio por estos hechos se celebrará el próximo mes de abril después de que la Audiencia haya tumbado el recurso de Pérez.
Los hechos por los cuales la Fiscalía le acusa están relacionados con su gestión al frente del gobierno local. El fiscal cree que benefició a una empresa en la que él figuraba como administrador único. La citada mercantil, Procanper, fue constituida en el año 2000 por Pérez junto a su esposa. Y desde esa fecha «el acusado ejerció las funciones de administrador único de la sociedad, siendo quien tomaba las decisiones en el seno de la misma y ostentando además la titularidad del 50% de las participaciones que componían el capital social». La mercantil tenía como objeto social las actividades de urbanización de terrenos, promoción, constitución y venta de todo tipo de viviendas y locales. Según la acusación pública, Pérez Trigueros firmó un decreto en junio de 2007 acordando la delegación de competencias en materia urbanística al concejal Paco Rodríguez, y fue la única cesión a un concejal que comprendía facultades resolutorias, siempre según el fiscal. Éste prosigue que pese a ello, el entonces alcalde registró peticiones en el Ayuntamiento dirigiéndose a sí mismo (al regidor) para pedir licencia de construcción para un edificio o la exención del aparcamiento obligatorio para llevar a cabo las obras, unos trámites que resolvió favorablemente el edil de Urbanismo, que hizo lo mismo en solicitudes posteriores.
Administrador
En diciembre Pérez Trigueros otorgó poderes a un tercero para intervenir en representación de la mercantil, mientras que el entonces regidor dimitió como administrador único y nombró como tal a su esposa. No obstante, y siempre según el fiscal «quien seguía rigiendo los designios de la mercantil y representando a la misma» era Javier Pérez. De hecho, él presentó otro escrito en el Ayuntamiento dirigido a sí mismo para solicitar licencias de ocupación para varias viviendas, aunque ya no era el administrador único de la mercantil.
Pérez siempre ha defendido su inocencia porque dice que realizó todo el trámite conforme a la legislación y, según él, nunca se benefició por su condición de alcalde, algo que asegura que certificó en un informe el departamento de Secretaría.
