El exalcalde de Callosa de Seguraexalcalde Callosa de Segura, Javier Pérez (Partido Popular)Javier Pérez , se sentará en el banquillo el próximo mes de abril para ser juzgado por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, según las informaciones recabadas por este periódico. Los hechos por los cuales la Fiscalía le acusa está relacionado con su gestión al frente del Ayuntamiento en lo que se refiere a la tramitación de licencias urbanísticas en las que, al parecer, se habría beneficiado una mercantil de la que formaba parte como socio.
La instrucción de este caso comenzó en 2009 y se investiga si el entonces primer edil se valió de su cargo para agilizar la obtención de licencias de ocupación de pisos recién construidos. El caso ha sido instruido en el juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela y la investigación se ha centrado en las resoluciones que el Ayuntamiento de Callosa dictó favorables a la entidad Procanper «en beneficio del imputado», según un documento judicial, durante el tiempo en que fue alcalde, un cargo que ha ocupado desde el año 2003 hasta 2015.
En el auto por el cual la magistrada dio concluida la fase de diligencias previas de la investigación se citaban varios decretos, desde 2007 por el que el entonces concejal de Urbanismo, Paco Rodríguez (PP), concedió licencia de obra mayor para un edificio de planta baja y cuatro alturas en la calle Francisco Zaragoza a la mencionada mercantil. Precisamente, el hecho de que ese edil tuviera las delegaciones de Urbanismo, por mediación del alcalde, es lo que a juicio de la magistrada dio lugar a la continuación de esas actuaciones. Rodríguez no está imputado pero deberá acudir al juicio como testigo.
«Inocente»
La causa por la que se enjuiciará a Javier Pérez se desgajó de la pieza denominada «Callosa de Segura» dentro del caso Brugal, una investigación que quedó archivada.
Javier Pérez se muestra convencido de su inocencia y defiende que la empresa a través de la cual se levantaron los pisos en Callosa de Segura no tenía otra opción que pedir determinados permisos al Ayuntamiento del que él era el regidor.
Asegura que nunca se valió de su cargo para obtener beneficios en ese sentido y que el proceso para tramitar las licencias de ocupación que se solicitaron tardó incluso más de lo normal.
Para defender este extremo asegura que existe un informe de la secretaria municipal que lo respalda y en el que dice que todo se realizó conforme a lo establecido en la legislación.
El primer edil valoró que, a pesar de ser alcalde de la localidad, tenía derecho a realizar ese trámite y apuntó que «se llegaría al absurdo de que los concejales no podrían nunca ni realizar obras en sus propias casas al tener que pedir licencias para ello». Aun y así se mostró sorprendido de que finalmente se le vaya a enjuiciar por estos hechos y se quejó de que la instrucción se haya demorado tanto.
El delito del que se le acusa está castigado con penas de multa de 6 a 12 meses y de suspensión de empleo público entre uno y tres años.
