El presidente de la Diputación, César Sánchez, mantuvo una reunión ayer en Orihuela con las comunidades del regadío tradicional de la Vega Baja para escuchar sus reivindicaciones, tratar de aplacar sus quejas contra el Gobierno de Mariano Rajoy y ofrecerse como mediador para resolver una situación, la de la falta de agua por culpa de la sequía, que parece que no tiene por dónde cogerse porque conseguir recursos para unos afectados supone quitárselos a los otros. El encuentro tuvo lugar en el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela en una escena que recuerda, y mucho, a la vivida hace un par de semanas en Los Montesinos -concretamente el 17 de febrero- donde se hizo bandera de una unión, la de todos los afectados, que ayer trató de repetirse y que no parece a día de hoy posible porque defienden intereses contrapuestos y los del regadío tradicional de la Vega Baja salen siempre perdedores de cualquier envite con los del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), o así al menos se sienten ellos.
El encuentro tiene su origen en una cifra que ha surgido entre una y otra reunión: la de los 30 hectómetros cúbicos -que los regantes elevan hasta los 33 hectómetros por las pérdidas que supondrá- que el Ministerio planea entregar a los agricultores del trasvase Tajo-Segura (cerrado a día de hoy) y que saldría de los recursos propios de la cuenca del Segura, que almacena poco más de 400 hectómetros cúbicos a día de hoy, un tercio menos que hace un año. De hecho, este nuevo trasvase -que ya no sale del Tajo sino del Segura- ya cuenta con un informe jurídico favorable para que, incluso, estos no paguen por el agua que van a recibir sino que la devuelvan (no se sabe cuándo porque no tienen).
Hace hoy ocho días, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sentó a todos los afectados a la misma mesa, a una reunión que se producía un día antes de que acudieran a Madrid para dar su parecer por este acuerdo. Aunque las comunidades del riego tradicional, que son las cedentes del agua, se negaron en redondo tanto en la CHS como en el Ministerio a este envío, éste se autorizó e, incluso, antes de que tuviera lugar el encuentro en la Capital de España. Eso es al menos lo que los agricultores mantenían en una nota de Prensa el pasado lunes en la que acusaban directamente al Gobierno de Mariano Rajoy de «traición y engaño». El comunicado, tres horas después de emitirse, se retiró por el Juzgado de Aguas de Orihuela asegurando que se habían abierto negociaciones de nuevo con el Ministerio -con la Dirección General de Aguas- y que no todo estaba perdido. A pesar de ello, el martes se siguieron dando pasos desde Madrid para autorizar el envío y el PP comenzó a mover peones en el sur de la provincia para calmar los ánimos de los regantes. Y esto pasó o al menos se intentó ayer.
Encuentro
En el encuentro acudieron las 17 comunidades de regantes, una de las cuales, a su vez, también pertenece al Sindicato Central de Regantes -Riegos de Levante, margen derecha- y, por turnos, los jueces de aguas repitieron a César Sánchez lo que dijeron tanto en la CHS como en Madrid. Intervinieron, entre otros, los representantes de los agricultores de Orihuela, Daya Vieja, Callosa de Segura o Almoradí. Estos, en relación con la aprobación de los 30 hectómetros cúbicos que saldrán del Segura, trasladaron a César Sánchez su sorpresa por la solución salomónica del Ministerio de que les devuelvan agua por agua cuando los agricultores del trasvase ni tan siquiera tienen en estos momentos y se están abasteciendo, también, de los pozos de sequía de la Vega Media. Se preguntaron cuándo la devolverán y advirtieron que los 30 hectómetros cúbicos que les piden hoy son una solución a corto plazo, recordando al presidente de la Diputación que el mes próximo, si la situación de sequía no varía, necesitarán otros 30 hectómetros cúbicos más y, ¿de dónde saldrán?, ¿cómo se devolverá? Pero tampoco se explican los agricultores del riego tradicional por qué el Gobierno no reabre el trasvase después de que hayan aumentando las reservas mínimas que establece el Memorándum para autorizar el envío . Preguntas todas ellas que el presidente de la Diputación intentará contestar en cuestión de días porque los regantes ya han recurrido los informes favorables a esos 30 hectómetros. Sánchez, además, mostró su interés en ser interlocutor con el Gobierno en este asunto y solicitar que se dé voz a la institución que representa en la CHS.
