El gobierno socialista de Guardamar del Segura consiguió sacar adelante los presupuestos de 2016, que ascienden a 15,8 millones, en medio de un agrio enfrentamiento con los concejales de la oposición del PP, que acabaron abandonado el salón de plenos. Se levantaron de sus asientos en plena votación como forma de protesta por la expulsión de uno de sus ediles, que fue invitado a abandonar la sala tras llamar «indecente» al alcalde, José Luis Sáez.

Fue al final de la sesión plenaria, durante los últimos turnos de palabra cuando socialistas y populares se enfrascaron en un tenso rifirrafe a cuenta de cuánto había conseguido rebajar la deuda municipal el anterior gobierno del PP, liderado por Carmen Verdú. Al parecer ésta aseguro que durante su mandato la redujo de 23 millones a 10,8 millones, algo a lo que el alcalde contestó con sorna y dijo que, de ser cierto, sería la candidata perfecta para presidir el gobierno de la nación. El regidor dijo que, en realidad, la deuda durante la anterior legislatura había pasado de 14,5 a 12 millones, pero la discusión fue subiendo de tono hasta que Jesús Huertas llamó indecente al alcalde. Éste le dijo que estaba expulsado pero el concejal no hizo ningún ademán de marcharse. El alcalde le advirtió que ordenaría su desalojo pero finalmente procedió a votar los presupuestos advirtiendo de que su voto no se contabilizaría. El PP no aceptó este extremo y, a modo de protesta, abandonó la sala mientras se realizaba la votación en la que se aprobaron las cuentas gracias al apoyo de EU y de Queremos Guardamar, que también forman parte de la oposición.

Más ayuda social

Según el regidor, las cuentas presentan novedades con respecto a las del año anterior ya que incluyen por ejemplo un aumento de un 40% de las partidas destinadas a apoyo a las familias y a servicios sociales o una reserva de 150.000 euros como renta de inserción para quienes no llegan a fin de mes. El alcalde dijo que no se han podido aumentar otras partidas porque se han tenido que reservar 300.000 euros adicionales para pagar el sobrecoste de trasladar las basuras hasta el vertedero de Jijona tras el cierre de la planta crevillentina de Abornasa.