El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), aprobó el 26 de enero la creación de una caja fija de 5.000 euros para «gastos protocolarios y otros» sin el respaldo de Intervención. Su titular, Fernando Urruticoechea, manifestó su desacuerdo el 21 de enero en un informe en el que considera, entre otros motivos, que «la propuesta tal y como está redactada implica "barra libre" total para el pago por caja especial de casi todos los gastos corrientes menores del Ayuntamiento, lo que significaría una arbitrariedad para saltarse el plan de pagos y la posibilidad de fraccionamientos ilícitos».

Así lo dio a conocer ayer la portavoz del grupo municipal socialista, Carolina Gracia, quien criticó esta «arbitrariedad del señor Bascuñana», que habría realizado el decreto de aprobación aprovechando «un malentendido» del que el propio Urruticoechea, advirtió en su informe de disconformidad. El funcionario comienza este informe desfavorable a la creación de esta caja fija asegurando que «la tramitación de la propuesta ha provocado un malentendido, ya que Intervención firmó el documento (...) como recibí de la propuesta, no como firma en conformidad».

Este escrito se realizó el 21 de enero, un día después de que se remitiera la propuesta de creación de esta caja fija, pero cinco días antes de que el alcalde la aprobara por decreto, por lo que «no vale que hagan como que no han visto el informe, que es lo que pretenden, ya que ni siquiera han firmado el mismo en el sistema informático Gestiona», que es el encargado de administrar todos los documentos públicos, continuó Gracia.

Aumento de indemnizaciones

Además, la portavoz socialista dijo que por la junta de gobierno de ayer pasó un informe de un técnico municipal relativo a las cuantías que deben recibir tanto los miembros de la Corporación como el personal eventual en concepto de indemnizaciones en el desempeño de sus funciones, tales como gastos de desplazamientos, hospedaje, etc. El objetivo de este informe, que establece que las cuantías mínimas y máximas están reguladas en el Real Decreto 462/2002, es abrir la puerta a poder fijar indemnizaciones mayores a estas en las bases de ejecución del presupuesto para 2016, pendiente de aprobar, «ya que en ese informe técnico se dice que ese Real Decreto será el de aplicación sin perjuicio de un acuerdo posterior que tendrá que recogerse en esas bases de ejecución presupuestaria». Para Gracia, «es una muestra más de a lo que ha venido el tándem PP-Ciudadanos, a ganar dinero en forma de sueldos e indemnizaciones, y no para gestionar por los ciudadanos». La oposición amplió así, una semana más, la información relativa a la junta de gobierno, pues su portavoz, Rafael Almagro (PP) no dio cuenta de ese informe.