Cuatro funcionarios de alto rango del Ayuntamiento de Orihuela fueron citados a declarar como testigos la semana pasada por un juzgado en relación con una denuncia que presentó hace algo más de un año el concejal Juan Ignacio López-Bas, cuando militaba en el grupo municipal de CLr-Claro, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. El concejal, ahora portavoz de otra formación, de Ciudadanos, aseguró a INFORMACIÓN desconocer la investigación que ha abierto un magistrado porque no se personó en aquellas actuaciones que están siendo impulsadas por el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, de oficio.
El diario confirmó en fuentes del equipo de gobierno ayer no sólo la declaración de los funcionarios, pertenecientes algunos de ellos al área económica, sino también el hecho de que el juzgado los citó a todos el mismo día y a mitad de la primera de las testificales prevista decidió suspender toda la prueba hasta que vuelvan a ser llamados por cuestiones que no han sido aclaradas.
La denuncia tiene su origen en un asunto que destapó el propio López-Bas y que a día de hoy sigue sin resolverse. La mercantil Esma Park se adjudicó en noviembre de 2009 el servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA) y cinco años más tarde el que entonces era edil liberal descubrió que no había pagado ni un sólo euro, pese a hacerse liquidaciones trimestrales sobre lo que recaudaba en los parquímetros y que también incluía las multas de 3 euros por sobrepasar el tiempo establecido. Las explicaciones que dio el entonces concejal de Contratación, Víctor Ruiz (PSOE), no convencieron a López-Bas, quien en noviembre de 2014 anunció la presentación de la denuncia que en estos momentos se investiga. La mercantil acabó la relación con el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre y se marchó de Orihuela sin que a día de hoy se sepa cuánto adeuda al municipio (se sabe que sobre medio millón) y en qué momento está la reclamación que le hizo el anterior y el actual equipo de gobierno.
