La edil de Cambiemos Orihuela, Marta Guillén, denunció ayer que una decena de vecinos de la pedanía oriolana de Desamparados paga desde 1990 «un Impuesto de Bienes Inmuebles desproporcionado», por una parcelas que el Plan General de Ordenación Urbana fijó como suelo urbano hace un cuarto de siglo, pese a ser de naturaleza rústica, en previsión de una ampliación de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), que depende de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ampliación a la que la propia institución académica ya ha renunciado sin que se revierta esta situación. Estos vecinos pagan de media 2.000 euros por unos terrenos que, de ser considerados como rústicos, no alcanzarían los 200.
Guillén anunció ayer que su formación llevará al pleno ordinario de febrero, que tendrá lugar esta tarde, esta modificación puntual del PGOU «para acabar de una vez con esta injusticia», pues afirmó, y así lo corroboraron buena parte de los vecinos que acudieron ayer junto a la edil a su comparecencia, «que se trata de un problema que han conocido los anteriores equipos de gobierno y concejales de Urbanismo, sin que nadie le haya puesto solución».
Cumplir la ley
Además, la moción exige que el Ayuntamiento cumpla con la Ley del Catastro Inmobiliario, que «recoge que el Ayuntamiento ha de facilitar una lista de terrenos rurales que han quedado reservados para su desarrollo urbanísticos» pero a los que aún no se les ha dado ese uso, para adaptar estos tributos al uso real del suelo hasta que se acometan dichas urbanizaciones.
Guillén aprovechó para criticar que «el nuevo PGOU ya no sea una prioridad del señor Bascuñana, como aseguró en campaña, motivo por el que se pide esta modificación puntual a esperar de que el nuevo plan lo recoja por completo». Por su parte, los vecinos lamentaron el «derroche que hemos pagado durante estos años», hasta el punto que algunos afirmaron que «hemos pagada más de IBI que lo que valen en realidad las tierras».
